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Encuentros con Candidatos Presidenciales-Segundo Encuentro: Lic. Danilo Medina, Candidato Presidencial Partido de la Liberaci�n Dominicana

2012-05-02

Encuentros con Candidatos Presidenciales-Primer Encuentro: Ing. Hip�lito Mej�a, Candidato Presidencial Partido Revolucionario Dominicano

2012-04-24

Exposici�n del Dr. Servio Tulio Casta�os G.

2012-04-19

Coordinadora Dominicana de Acceso a la Información (CODOAI)

Primer Foro sobre Transparencia Electoral, Democracia y Gobernabilidad.

19 de abril, 2012

Es un alto honor que me confieren al invitarme a participar en este Primer Foro sobre Transparencia Electoral, Democracia y Gobernabilidad que auspicia la Coordinadora Dominicana de Acceso a la Información, y agradezco a su Coordinador General, José Miguel Fernández, por su invitación. Tengo la seguridad de que éste será un evento extraordinario, tomando en cuenta la calidad de quienes me acompañan en esta ocasión, destacadas personalidades en los ámbitos de lo electoral, la comunicación, el análisis socio-político, la investigación y la acción social.

Con las elecciones presidenciales del 20 de mayo próximo, nos acercamos a una de las coyuntura más extraordinarias de la historia contemporánea dominicana, ya que son las primeras que se celebran en el marco de la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 y bajo la tutela de organismos renovados como la Junta Central Electoral, o de nuevo diseño, como el Tribunal Superior Electoral.

A esto debemos sumar los cambios que se registran en materia de institucionalidad, donde precisamente el ámbito de lo electoral resalta por la magnitud y profundidad de las transformaciones operadas, tanto en el marco normativo como en los aspectos operativos, tecnológicos, y de cualificación del talento humano que interviene en sus procesos.

Al mismo tiempo, uno de los principios constantes de la compleja realidad social dominicana lo constituye el hecho de que todos los avances sociales, estructurales, normativos u operativos que se producen en la nación están gobernados por los designios de la paradoja, la contradicción y la incongruencia. Parecería, como vamos a ver en detalle en el curso de esta exposición, que como Estado, actuamos sometidos al vaivén de eventualidades, caprichos, incoherencias y hasta desatinos que no reflejan las aspiraciones de cambio que ha animado al pueblo dominicano desde las primeras décadas del siglo pasado.

A partir de la proclamación de la Constitución de 2010, la ciudadanía tiene grandes expectativas sobre el futuro político, económico, social e institucional del país. Existe un gran consenso acerca de la necesidad de fortalecer el régimen democrático, promover políticas sociales, estimular el desarrollo económico y transparentar el mercado. Para eso necesitamos superar lastres como la falta de transparencia en la administración pública y la corrupción administrativa, dos caras de una misma moneda, que terminan socavando las bases de la legitimidad del régimen democrático.

Es que un indicador importante de la fortaleza del régimen democrático es la confianza de los ciudadanos en el quehacer de la gestión de sus instituciones. Se debe garantizar a la ciudadanía que cada una de las instituciones públicas sea como un cristal desde el cual podamos observar y darle seguimiento a sus actuaciones. La transparencia es pues una de las mejores armas con que cuenta la sociedad para fomentar la institucionalidad.

Una de las premisas fundamentales que sustentan la capacidad del régimen democrático para producir el consenso social y que garantiza su efectividad es que las instituciones que la estructuran se organicen de manera que reproduzcan los principios y valores de la democracia, por lo que los procedimientos que se usen para su desarrollo y las relaciones mutuas entre ellas y a su interior o entre los ciudadanos y sus representantes, sirvan al objetivo último de fortalecer este espacio de construcción colectiva que es la democracia.

No basta solamente que las instituciones estén dotadas de normas y reglas transparentes y claras, ni que las personas que sirven a la comunidad desde la función política lo hagan con sentido profesional, sino principalmente que las instituciones puedan ajustarse en su funcionamiento a los principios que garanticen una reproducción ampliada del propio sistema democrático.

Es indiscutible que contamos formalmente con una democracia, en la que la Constitución juega un rol principal, cuyo texto organiza debidamente los Poderes Públicos y los órganos fundamentales del Estado, condiciona y limita su ejercicio y asegura los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero, a pesar de esto, subsisten inconsistencias del modelo republicano que nos rige.

James Madison ya había inferido a finales del siglo XVIII en El Federalista, obra cumbre del pensamiento constitucional norteamericano, que la sola determinación en un pergamino de los límites constitucionales de los diferentes órganos del Estado, no es suficiente salvaguardia contra las usurpaciones y los abusos del poder.

Es por esto que la calidad de la democracia y la confianza de la ciudadanía, en ella no se erigen en el vacío, sino en la existencia de una voluntad política que se exprese como un muro de contención frente a la falta de transparencia y toda posible desviación del poder, en el marco de parámetros fundamentales del sistema democrático como los mecanismos de frenos y contrapesos, la libertad de expresión, la tolerancia, el pluralismo y la institucionalidad.

La promoción del fortalecimiento institucional de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas son una forma de constituir un sistema de frenos y contrapesos para acercarnos al ideal de un Estado democrático de derecho. Lamentablemente en esta área, de lo político-institucional, aún arrastramos muchos déficits y carencias. Una de las más notorias es que lo político representa el sector donde se manifiesta, con mayor profundidad, la resistencia al cambio. Como en pocos ámbitos, es en la política donde más urgencia tenemos de crear una cultura de cambio, que impacte directamente en una de las instituciones más importante del país, pero al mismo tiempo más vapuleada: el partido político.

Como lo he planteado en ocasiones anteriores, los partidos políticos están en el centro de los problemas fundamentales del país y al mismo tiempo por sus manos pasan las soluciones de los mismos. Como estructuras de participación social en los asuntos públicos, lo arropan todo. Pues en la actualidad, para acceder al poder se requiere no solo de recursos tecnológicos, financieros y comunicacionales, sino además la formación de un aparato partidario inserto en la legalidad, que se supone apegado a normas, que debería estar supervisado por organismos del Estado y que será seguido por miles de ojos a través de los medios de comunicación.

El partido se ha convertido en el demiurgo de la realidad, el destino privilegiado de quienes esperan transformar la pobreza en riqueza, la marginalidad en opulencia, el desconsuelo en alegría y la escasez en abundancia. Pero esos milagros no son para todos, sino para quienes se sienten poseídos del encanto de la palabra y la influencia, de quienes han convertido en un arte la negociación, el cabildeo y la apariencia.

Los partidos, que deberían ser la salvaguarda de la ética y el interés colectivo, lamentablemente se perciben alejados de las expectativas sociales para mejorar la calidad de vida de las mayorías y ser la expresión de su deseo de progreso. Las encuestas recientes son claras: insistentemente dicen que los políticos y la política tienen mala fama, porque no dicen la verdad, prometen lo que saben que no cumplirán y descalifican a los demás por las faltas que ellos mismos reflejan. Es por esto que el país observa impotente cómo se desconoce el reclamo a la clase política nacional de la urgencia de una moderna ley de partidos que regule todos los aspectos nodales de su vida institucional, la blinde de la corrosiva influencia de la corrupción y garantice los controles para prevenir la infiltración del crimen organizado en el financiamiento de sus campañas.

Parecería que mis palabras, a tan sólo 30 días de los comicios presidenciales, vienen a estimular la incredulidad en el sistema democrático. Pero no es así. Porque estoy convencido que es en el marco de la política donde tendrán soluciones nuestros más graves problemas y que contrario al desaliento que a veces predomina en amplias capas sociales, tenemos que insistir que en este país podemos construir una democracia moderna, con instituciones vivas y dinámicas, abiertas a los cambios.

Desde hace 50 años, hemos estado ensayando las mejores vías para avanzar en ese camino. El país ha realizado cambios legales y organizacionales importantes, siendo la reforma constitucional del 26 de enero de 2010, el último hito registrado. La fortaleza de la democracia se mide por la capacidad de sus instituciones de ser coherentes y apegarse a los mandatos de su Constitución, si ella incentiva la rendición de cuentas y dispone de un sistema de consecuencias que trascienda la voluntad de autoridades y poderes.

La Constitución de 2010 introduce cambios importantes en el sistema electoral dominicano para fortalecer la democracia representativa, pues como sostiene Antonio de Cabo de la Vega, “el poder que, en sentido material, necesariamente se halla en el pueblo, se le comunica a los gobernantes a través de la elección popular que en consecuencia no tienen poder legítimo sino en nombre de aquel”. Esta idea encuentra fundamento en los artículos 2 y 4 de la Constitución dominicana.

Es que la democracia representativa exige someterse con lealtad a las reglas del juego electoral, en una competencia monopolizada por partidos políticos que, en la dialéctica de la oferta y la demanda, compiten periódicamente por obtener el favor de la ciudadanía. Pero, aún con la más avanzada madurez cívica de los partidos, los conflictos electorales surgirán porque son seres humanos y no ángeles los que compiten por dirigir el gobierno. Es así que blindar el sistema electoral contra cualquier atentado que pretenda desviar la voluntad popular expresada en el voto ha sido y será siempre una necesidad imperante para la democracia representativa.

A partir de la Constitución de 2010 corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) asumir con plenitud la organización y supervisión del torneo electoral, y los conflictos surgidos a propósito del mismo deberán ser resueltos por el Tribunal Superior Electoral. Ello significa, además, que la labor que desempeñe la Junta Central Electoral (JCE) estará sujeta a control por ante Tribunal Superior Electoral, a petición de quien o quienes resulten afectados por sus actuaciones u omisiones.

Una reforma del sistema electoral que no impacte la vida interna de los partidos políticos no sería otra cosa que un ornamento institucional o un ejercicio de erudición normativa que no producirá transformaciones reales en la administración del poder político.

Por esto la Constitución de 2010 constitucionalizó los partidos políticos exigiéndoles cumplir con funciones sustanciales como “garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos”, “contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana” y “servir al bienestar colectivo”.

E, igualmente, la Constitución dispone que el funcionamiento de los partidos políticos debe respetar la democracia interna y la transparencia, y, para garantizarlo, asigna al Tribunal Superior Electoral (TSE) la competencia de resolver los diferendos que surjan a lo interno de éstos; pero no se prevé constitucionalmente un mecanismo administrativo de supervisión que posibilite una intervención de la Junta Central Electoral (JCE) en los asuntos intrapartidarios. Corresponderá así a la Ley de Partidos Políticos establecer los mecanismos de fiscalización de la Junta Central Electoral (JCE) en las contiendas internas de los partidos.

Si en el pasado los intentos por vulnerar la voluntad popular, vía los fraudes electorales, constituyeron el más grande peligro que amenazó la democracia dominicana, en la actualidad su problema más grave es el financiamiento de las campañas electorales. Todos estaremos de acuerdo con el filósofo norteamericano Ronald Dworkin en que, “la política está desacreditada, y el dinero es la raíz del problema”, debido al uso de fondos públicos en las actividades proselitistas y, lo que es mucho peor, por la sigilosa penetración del dinero proveniente del narcotráfico.

La Junta Central Electoral (JCE) no ha podido garantizar una fiscalización adecuada de las fuentes de financiamiento, debido especialmente a la carencia de un marco normativo e institucional que posibilitara esa tarea.

Es por esto que la Constitución otorgó expresamente a la Junta Central Electoral (JCE) competencia para velar “porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, reconociéndole, además, en el artículo 212, capacidad de reglamentación autónoma “en los asuntos de su competencia”, y enfatiza en el párrafo 4 de dicho texto, la facultad de reglamentar “los tiempos y límites en los gastos de la compaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Esa regulación constitucional supone un paso de avance para el fortalecimiento de los controles administrativos del gasto electoral y la transparencia de las fuentes de financiamiento, y, además, supera gran parte de las objeciones que se hicieran en el 2007 al “Proyecto de Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Usos de Medios de Comunicación”, porque ya no es posible alegar que la facultad reglamentaria de la Junta Central Electoral (JCE) sea de carácter complementario, aunque obviamente esa facultad debe canalizarse a través de los procedimientos de publicidad que manda la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y tiene como límites externos aquellos aspectos que se encuentren sujetos a la reserva de ley como sería la regulación de derechos fundamentales en el ámbito electoral.

Ello supone que la Junta Central Electoral (JCE) no necesitará de la previa habilitación legislativa para reglamentar los gastos de la compaña electoral y la transparencia en el financiamiento porque son asuntos cuya competencia le ha sido expresamente atribuida desde la Constitución. Es una lástima que ahora que sí cuenta con el sostén constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) no ha querido normar algunos aspectos de la propaganda como los gastos de campaña y el acceso equitativo a los medios de comunicación.

La situación del Tribunal Superior Electoral (TSE) es diferente, pues la Constitución no le otorgó facultad reglamentaria autónoma, sino que quedó subordinada a la existencia de una ley que pre-diseñe los “procedimientos de su competencia”. Esta autonomía procedimental legal encuentra su límite cuando la jurisdicción electoral aborda aspectos que solapan competencias de otros poderes u órganos del Estado. Por ejemplo, la determinación de los procedimientos para conocer las infracciones penales electorales, en las que interviene el Ministerio Público, está indudablemente sujeta la reserva de ley, por lo que no puede ser regulada reglamentariamente.

A pesar de conservar los rasgos esenciales de la “democracia representativa”, la Constitución establece mecanismos de “participación directa” como referendos o consultas e iniciativa legislativa, lo que constituye un rasgo distintivo del Estado social y democrático de derecho a que aspira el constituyente reformador.

La Constitución apuesta por la participación directa de la ciudadanía. Y esto supone una modificación sustancial del paradigma representativo clásico en que históricamente se sustentó la democracia dominicana. Los mecanismos de participación directa procuran asegurar una mayor pluralidad política y abrir los canales democráticos a una “ciudadanía militante” que ya no se conforma con el exclusivo ejercicio del sufragio. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas. En una sociedad plural y abierta, la política ya no se construye exclusivamente desde los partidos, sino que se convierte en un espacio abierto en que los partidos políticos han de convivir con otras organizaciones de naturaleza diversa, que suelen englobarse en lo que actualmente denominamos “sociedad civil”. La constitucionalización de mecanismos institucionales que permiten un diálogo fluido entre los partidos políticos y la sociedad civil constituye un importante aporte para fortalecer la transparencia.

Por ello en las actuales elecciones presidenciales nuestra esperanza estaba puesta en el sentido de que los partidos pondrían mayor interés y énfasis en propiciar un diálogo amplio con las organizaciones sociales, divulgando sus programas y propuestas para la superación de los problemas que nos acosan.

Suponíamos que los partidos usarían la generosa contribución que reciben del pueblo dominicano, vía el Estado, para generar espacios de reflexión y promoción del voto consciente y responsable.

Sin embargo observamos en esta campaña una alta concentración en actividades de propaganda electoral sin contenido, lo que incluye tanto las formas tradicionales como las innovadoras que tienen como base el internet y las nuevas tecnologías de Información y comunicación.

El exceso de promoción ha saturado el espacio público en el país. Las carreteras están inundadas por grandes vallas, cruza calles y afiches en los postes de la red eléctrica. Los medios audiovisuales están repletos de cuñas radiales, spots televisivos y proclamas de los candidatos.

Vivimos en un virtual acorralamiento mediático y propagandístico, que como otros muchos aspectos no parece tener control ni regulaciones por parte de ninguna autoridad.

Las elecciones son la fiesta de la democracia. Pero la música que se toca en este certamen del 20 de mayo es cada vez más ruidosas, más dispendiosas y más vacía, porque le falta las notas de los programas y de las propuestas de solución a los grandes problemas nacionales y brilla por su ausencia la reflexión metódica y sistemática sobre las crisis nacionales. La campaña lamentablemente se ha convertido en un espacio de acusaciones y denuestos, de ilegalidades y promoción de actos ilegítimos.

La actual campaña ha mostrado nuevamente la debilidad del sistema institucional dominicano. Los partidos políticos se presentan como entidades con grandes limitaciones para ser transparentes y débiles como canal para promover la democracia participativa. Es penoso que la relación de los grandes partidos con la ciudadanía se limita a una relación instrumental.

En este escenario advertimos de otro grave problema, que es el de la calidad de la justicia electoral. Ha de lamentarse que a la jurisdicción electoral no se le dotara de una temporalidad que excediera el período de los funcionarios electos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) tendrá serias dificultades para asumir plenamente su rol institucional si sus integrantes no cuentan con la suficiente estabilidad en el cargo que les permita tomar decisiones sin el temor a la pronta revancha de los agentes políticos. Sólo queda aspirar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) pueda y sepa sobreponerse a las presiones de la política para ejercer su jurisdicción con apego irrestricto a la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta.

La “dificultad” que aqueja el diseño institucional del Tribunal Superior Electoral justifica que sea habilitada la revisión constitucional de sus decisiones a instancia de cualquier persona afectada. El derecho al sufragio, en su doble dimensión de elegir y ser elegido, necesita de protección ante el Tribunal Constitucional, porque sin ella sólo mantendrá su eficacia el elegir, mientras que el ser elegido continuará siendo una promesa irrealizable o, en una hipótesis no menos irritante, sólo podrá ejercerse conforme a la voluntad omnímoda de los líderes de unos partidos políticos que se resisten a implementar la democracia interna, y ante la posible impotencia de los órganos del sistema electoral.

Los jueces del Tribunal Constitucional no son de una madera diferente de que integran el Tribunal Superior Electoral, pero al ser designados por 9 años y sin posibilidad de reelección, cuentan con una mayor estabilidad institucional que les permitirá desprenderse con menos riesgos de sus vínculos político-partidarios. Es así que el Tribunal Constitucional dominicano deberá ejercer, al igual que su homólogo alemán o español, un impulso pedagógico que retroalimente desde arriba a la jurisdicción electoral, para que ésta desarrolle desde abajo con mayor riqueza argumentativa los principios constitucionales que impregnan el ordenamiento electoral.

Esta percepción premonitoria quedó evidenciada en la decisión del Tribunal Superior Electoral, que invalidó la alianza del Partido Nacional de Veteranos Civiles (PNVC) con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Consideramos en su momento que ella constituyó un precedente que lacera frontalmente la institucionalidad del sistema político, al vulnerar un derecho fundamental como es el de elegir y ser elegido. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional tampoco hizo su parte en su momento, y prefirió sacarle el cuerpo al recurso de revisión constitucional con un argumento muy débil como el de la “preclusión”. Ambas jurisdicciones, sin embargo, tendrán la oportunidad de redimirse, pues por su novedad todavía merecen en el beneficio de la duda.

Estamos en un momento decisivo en el fortalecimiento del sistema electoral dominicano. Todos los sectores deben contribuir a este propósito.

Por eso llamamos a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante los acontecimientos que se suceden en la campaña electoral y les exhortamos a dar seguimiento y pronunciarse sobre todo acto que lacere o cuestione nuestro ordenamiento democrático. Las instituciones deben disponerse a asumir esta responsabilidad.

Un ejemplo en esta dirección lo constituye el mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano, a propósito de la celebración del 168 aniversario de la independencia nacional, el pasado 27 de febrero, que hacemos nuestros. El episcopado llama a las autoridades nacionales para que asuman responsablemente sus obligaciones y compromisos con relación a la población y se garantice la transparencia y la gobernabilidad.

Enfatizan los prelados en su mensaje la importancia de que las elecciones del 20 de mayo sean recubiertas del máximo de transparencia, y como puntos de partida de esta premisa señalan la importancia de que los partidos políticos que intervienen en el certamen deben tener garantías de que tendrán la misma igualdad y capacidad de competir con posibilidades reales de alcanzar el triunfo que los partidos mayoritarios, destacando de esta manera la necesidad de crear las condiciones óptimas para que sus derechos sean respetados, que el abuso del poder no será tolerado y que solo la voluntad popular podrá ser el fiel de la balanza en la determinación de los resultados.

Este es el reto del momento. Esperamos que en estas elecciones superemos satisfactoriamente todos los presagios negativos y que la Junta Central Electoral potencie su labor con la integridad, transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad que se requiere, de forma que el verdadero ganador de la contienda sea la democracia dominicana y el Estado de derecho.

Buenos días para todos.

FINJUS RECONOCE ES DEBER DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REMITIR EXPEDIENTES AL SENADO

2012-03-29

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) reaccionó ante las declaraciones del Presidente del Senado de la República, Reynaldo Pared Pérez, quien cuestionó al Tribunal Constitucional por enviar al Congreso Nacional los expedientes que recibe sin antes verificar si la persona tiene o no calidad para interponer la acción en inconstitucionalidad.

La preocupación del Presidente del Senado es completamente válida, pero el enfoque que usa para abordar el asunto no es correcto, pues el Tribunal no puede evaluar un requisito tan complejo como la existencia de un interés jurídico y legítimamente protegido sin antes realizar una instrucción del caso que se le somete. Esto implica que el Tribunal remita al Senado dichos expedientes, para que ese organismo lo conozca y pueda proponer en su dictamen, entre otras cosas, si dicha acción es admisible o inadmisible por falta de calidad del impetrante, de forma que en un proceso contradictorio el Pleno del Tribunal decida sobre el particular.

El artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal y de los Procedimientos Constitucionales es bastante claro en cuanto a los requisitos formales que deben cumplir en el acto introductorio de la demanda en inconstitucionalidad, a saber: “deben exponerse en forma clara y precisa los fundamentos de la acción, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideran vulneradas”. Y, según su artículo 39, “si el Presidente del Tribunal considerare que se han cumplido los requisitos precedentemente indicados, notificará el escrito al Procurador General de la República y a la autoridad de la que emane la norma o acto cuestionado, para que en el plazo de treinta días, a partir de su recepción, manifieste su opinión”.

Contrario a lo que el Presidente del Senado opina, las disposiciones que regulan el procedimiento constitucional no permiten que el Presidente del Tribunal pueda decidir la admisibilidad de la acción en inconstitucionalidad de manera unilateral y sin instrucción de la causa, pues éste solo debe verificar el cumplimiento de dos requisitos formales, que son la exposición clara y precisa de los fundamentos y la cita concreta de las normas constitucionales que se consideran infringidas, y si éstos se cumplen debe notificar al órgano de que emanó la norma o acto y al Procurador General de la República para que emitan su dictamen u opinión.

Esto es así porque en materia de acción en inconstitucionalidad no es posible decretar la inadmisibilidad de la acción sin la previa instrucción de la causa, porque la Constitución reconoce calidad para accionar a “cualquier persona con un interés jurídico y legítimamente protegido”, y al ser éste un concepto indeterminado, no es posible establecer automáticamente si una persona tiene o no dicha calidad, por lo que el Tribunal deberá evaluar cada caso en concreto para decidir en torno a la calidad del accionante.

La doctrina del precedente Sun Land, que es a la que remite implícitamente el Presidente del Senado en su opinión, no es aplicable en abstracto, pues recuérdese que, más allá de lo errado del precedente, la inadmisibilidad de la acción por falta de calidad se decidió luego de haber sido instruido el caso. Es así que tanto la norma del procedimiento constitucional como aquel cuestionable precedente constitucional, imponen el deber del Tribunal sustanciar el asunto para determinar la calidad de los impetrantes.

Es así que lo correcto es que, recibida la comunicación del Tribunal Constitucional, el órgano del cual emite la norma o acto cuestionado en inconstitucionalidad, en este caso el Senado de la República, emita su opinión o dictamen en los plazos legales, en el cual podrá alegar los medios de inadmisión que considere pertinentes, entre los que se encuentra la falta de calidad, y sus medios de defensa para justificar la constitucionalidad de la norma o acto cuestionado. No se puede exigir al Presidente del Tribunal Constitucional que decida unilateralmente un asunto tan controvertido como “el interés jurídico y legítimamente protegido”, puesto este es un aspecto jurisdiccional que solo puede decirlo en Pleno del Tribunal con la mayoría de 9 votos conformes, y después de una instrucción mínima del caso.

FINJUS recuerda que el “interés legítimo” que constituye la medida de la acción en inconstitucionalidad es el derecho ciudadano a cuestionar la validez de las normas y los actos que emiten los poderes públicos en violación de la Constitución y, consiguientemente, el obtener su eliminación para retrotraer el orden jurídico al estatus quo ante de que se haya producido esa violación, en protección del bien común. Acoger un criterio diferente significaría coartar el derecho de la sociedad para fiscalizar violaciones al ordenamiento constitucional que, afecten directamente o no alguna persona en particular, alteren el ordenamiento institucional que diseña la Constitución, dejando sólo en manos de la política el poder activar la jurisdicción constitucional. Con esto se reduciría considerablemente la participación de la ciudadanía en general y de los grupos organizados de la sociedad civil en particular en la defensa del orden constitucional, una opción que es inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

29 de marzo, 2012

FINJUS realiza actividades acad�micas en Derecho P�blico y Justicia Constitucional

2012-03-14

La semana pasada la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) organizó diversas actividades académicas en el ámbito del derecho público y la justicia constitucional.

La jornada inició el lunes 5 de marzo con la conferencia magistral “Diálogo entre las Altas Cortes”, a cargo del magistrado Pascual Sala Sánchez, Presidente del Tribunal Constitucional de España. Se trató de un evento solemne en el que el Dr. Sala compartió con los magistrados de las recién escogidas Altas Cortes dominicanas, la comunidad jurídica y la sociedad dominicana en general, la experiencia de la justicia constitucional española y, particularmente, el diálogo institucional instaurado entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo para fortalecer el sistema de justicia de España.

El sistema de control de la constitucionalidad establecido en la Constitución dominicana de 2010 impone, al igual que hizo la Constitución española de 1978, el desplazamiento del centro de la interpretación jurídica desde la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional dominicano, como ocurrió en España, le ha sido conferida una potestad revisora, desde el prisma constitucional, de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, teniendo así la última palabra en la determinación de la constitucionalidad en un contexto en que la constitucionalización emerge cada vez con más fuerza impactando todas las áreas del Derecho.

Es por esto que las reflexiones del Dr. Pascual Sala, quien también ha sido también Presidente del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Supremo de España, son más que oportunas en este momento en que se inician los trabajos de los Tribunales Constitucional y Superior Electoral, compelidos a un diálogo permanente con el Poder Judicial, teniendo como telón de fondo los conflictos que surgen de manera espontánea en el seno de la sociedad dominicana.

El martes la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA) auspiciaron el Seminario “Derecho Administrativo y Constitución: Hacia un Derecho Administrativo del siglo XXI”, en el que se abordaron los principales retos que impone al derecho administrativo dominicano la Constitución de 2010. Esta actividad, que se replicó en Santiago de los Caballeros el jueves pasado, contó con la participación de juristas extranjeros expertos en derecho administrativo como el Dr. Pascual Sala, Presidente del Tribunal Constitucional de España, el Dr. Jaime Rodríguez-Arana, Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y Ernesto Jinesta Lobo, Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y del país los doctores Olivo Rodriguez Huertas, Presidente de la ADDA, Eduardo Jorge Prats, reputado constitucionalista, y la administrativista Rosina de la Cruz Alvarado.

Esta última actividad constituyó un primer esfuerzo para crear conciencia en la comunidad jurídica dominicana acerca de la necesidad de superar la ausencia de una verdadera doctrina y tradición administrativista. Pues a partir de la Constitución de 2010 se deben releer y repensar dogmas y principios estudiados tradicionalmente desde la exorbitancia de la posición jurídica de la Administración; y por ende se tienen que aspirar los nuevos aires que han de alumbrar los conceptos de un derecho administrativo que debe funcionar como el brazo ejecutor del derecho constitucional en la regulación de las obligaciones, potestades y límites del más agigantado de los poderes públicos, para asegurar el bienestar general y los derechos de la ciudadanía.

El jueves 8 pasado la FINJUS, en el marco del acuerdo con el Tribunal Constitucional, auspició el Seminario-Taller “Buenas Prácticas para una Óptima Administración de Justicia Constitucional”, que se desarrolló en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) con la participación exclusiva de los magistrados del Tribunal Constitucional y sus abogados asistentes. Este seminario interno, que se extendió hasta el sábado, estuvo a cargo de la magistrada Ana Virginia Calzada, tres veces presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y el Dr. Carlos Gaviria Díaz, ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia. La finalidad de este seminario fue aprovechar la experiencia de los invitados internacionales acerca de la puesta en funcionamiento de la jurisdicción constitucional especializada en Colombia y Costa Rica, dos países paradigmáticos en Latinoamérica en materia de justicia constitucional. Se trató, pues, de un evento más que oportuno en momentos en que inicia sus trabajos el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

El viernes pasado, el Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS, dictó una conferencia magistral en el Acto de Graduación del Programa Formación y Gerencia Política, que opera desde el 2005 y es ejecutado por un consorcio de instituciones de la sociedad civil, formado por: el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEGES-INTEC), el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (CIES-UNIBE), y Participación Ciudadana.

El Dr. Servio Tulio Castaños resaltó que la Constitución de 2010 introduce cambios importantes en el sistema electoral dominicano para fortalecer la democracia representativa, enfatizando que la Constitución apuesta por la participación directa de la ciudadanía como evidencia el establecimiento de mecanismos como referendos o consultas e iniciativa legislativa. Con lo cual “el constituyente ha dado el primer paso para que se produzca el tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa”. Es decir que la política ya no se construye exclusivamente desde los partidos, sino que se convierte en un espacio abierto en que los partidos políticos han de convivir con otras organizaciones de naturaleza diversa, que suelen englobarse en lo que actualmente denominamos “sociedad civil”. “Estos actores juegan roles diferenciados en el seno de la comunidad política, por tanto, ni la sociedad civil acapara el espacio de los partidos, ni los partidos pueden asumir la representación sectorizada de la sociedad civil”.

El Dr. Servio Tulio Castaños recordó que la Constitución de 2010 Constitución otorgó expresamente a la Junta Central Electoral (JCE) competencia para velar “porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, reconociéndole, además, en el artículo 212, capacidad de reglamentación autónoma “en los asuntos de su competencia”, y enfatiza en el párrafo 4 de dicho texto, la facultad de reglamentar “los tiempos y límites en los gastos de la compaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Ello supone que la Junta Central Electoral (JCE) no necesitará de la previa habilitación legislativa para reglamentar los gastos de la compaña electoral y la transparencia en el financiamiento porque son asuntos cuya competencia le ha sido expresamente atribuida desde la Constitución.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

12 de marzo, 2012

FINJUS cuestiona decisi�n del Tribunal Superior Electoral sobre alianza PNVC-PRD

2012-03-14

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) cuestionó la decisión, suscrita por 3 de los 5 integrantes del Tribunal Superior Electoral, que invalida la alianza del Partido Nacional de Veteranos Civiles (PNVC) con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) porque constituye un precedente que lacera frontalmente la institucionalidad del sistema político, al mostrar deficiencias relativas a la valoración probatoria y con una motivación insuficiente, que vulneran un derecho fundamental como es el de elegir y ser elegido,

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que “el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos”. En el ordenamiento jurídico dominicano, el derecho al sufragio en su dimensión pasiva se ejerce por medio de los partidos políticos, es decir, que éstos constituyen los canales a través de los cuales los ciudadanos pueden postularse para un cargo de elección popular. Los partidos pueden presentar candidatos propios o aliarse y coaligarse para presentar candidaturas comunes a una elección.

La Constitución de 2010 reconoce a los partidos políticos una capacidad de autoorganización que solo se encuentra limitada por las exigencias de “garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos”,“ contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana” y “servir al bienestar colectivo”. Asimismo les impone el deber de respetar la democracia interna y la transparencia. Los órganos del sistema electoral tienen la facultad, en el marco de sus respectivas competencias, de fiscalizar o controlar que los partidos políticos cumplan con los fines sustanciales y limites procedimentales que les impone la Carta Magna. Pero el poder fiscalizador, en este caso del Tribunal Superior Electoral, no es absoluto: primero, debe cumplir con los requisitos de legalidad; y, segundo, debe procurar una finalidad legítima, que sea, a su vez, necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa.

Para que el Tribunal Superior Electoral pueda anular una convención de un partido debe contar con un arsenal probatorio que acredite fehacientemente la violación de normas constitucionales, legales o reglamentarias, o bien que se ha incumplido con normas estatutarias que no pueden ser subsanadas. Decisiones como la anulación de una convención, que afectan la autonomía de los partidos políticos, deben contar con una motivación suficiente que permita a la ciudadanía verificar su razonabilidad. El Tribunal Superior Electoral debe ponderar integralmente el material probatorio sometido a la controversia. Se debe despejar cualquier duda en torno a la posible arbitrariedad de la decisión, porque lo que está en juego en la jurisdicción electoral es esencialmente la institucionalidad democrática.

En el caso de la especie, el Presidente del Tribunal Superior Electoral ha advertido en su voto disidente que la mayoría que suscribió la decisión “no tomó en consideración que el PNVC cumplió con los requisitos de mayoría en cuanto a la conformación de lista de electores internos, de publicidad de su Convención, agenda determinada, e idónea convocatoria en cuanto al órgano con calidad para llamar a la Convención; en consecuencia, las razones para anular el padrón electoral de dicho partido, partieron de premisas erróneas, pues el proceso de restructuración, según los documentos que reposan en este tribunal, fue iniciado con antelación al plazo mínimo que establece el Estatuto, lo que en lugar de ser una violación a sus normas internas constituye un cumplimiento más allá de lo mínimamente exigido”. Es por esto que “las razones argüidas para anular la XXXV Convención son infundadas, carentes de base legal y contrarias a las normas que componen el bloque constitucional que garantizan el derecho fundamental al sufragio”.

FINJUS lamentó que a la jurisdicción electoral no se le dotará de una temporalidad que excediera el período de los funcionarios electos. Todo luce indicar que la clase política dominicana se resiste a que sus diferendos sean resueltos por magistrados que apliquen el Derecho con absoluta imparcialidad y sin consideraciones extrajurídicas como las que históricamente han permeado las decisiones electorales en el país. El TSE tendrá serias dificultades para asumir plenamente su rol institucional si sus integrantes no cuentan con la suficiente estabilidad en el cargo que les permita tomar decisiones sin la presión de la clase política. Sólo queda aspirar que en el futuro próximo el TSE pueda y sepa construir una mayoría que se sobreponga a las presiones de la política para ejercer su jurisdicción con apego irrestricto a la Constitución y el ordenamiento jurídico electoral dictado conforme a ésta.

Es menester señalar que las imbricaciones constitucionales del sistema electoral imponen que se habilite la revisión constitucional de las decisiones del Tribunal Superior Electoral que limiten, vulneren o restrinjan arbitrariamente el derecho al sufragio, en su doble dimensión de elegir y ser elegido, y las prerrogativas de autoorganización que la Constitución reconoce a los partidos políticos. Los jueces del Tribunal Constitucional no son de una madera diferente de que integran el Tribunal Superior Electoral, pero al ser designados por 9 años y sin posibilidad de reelección, cuentan con una mayor estabilidad institucional que les permitirá desprenderse con menos riesgos de sus vínculos político-partidarios. Es así que el Tribunal Constitucional dominicano deberá ejercer, al igual que su homólogo alemán o español, un impulso pedagógico que retroalimente desde arriba a la jurisdicción electoral, para que ésta desarrolle desde abajo con mayor riqueza argumentativa los principios constitucionales que impregnan el ordenamiento electoral.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

14 de marzo, 2012

Discurso Dr. Servio Tulio Casta�os en el Acto de Graduaci�n del Programa Formaci�n y Gerencia Pol�tica INTEC

2012-03-09

Permítame agradecer en primer lugar el honor que me confieren al invitarme a pronunciar las palabras centrales en este acto de graduación que auspicia el Programa de Formación y Gerencia Política, bajo la dirección del apreciado amigo Rafael Toribio, quien junto a Ana Selman, Wilfredo Lozano, Javier Cabreja y otros colegas han diseñado y ejecutado uno de los programas de capacitación más exitosos en la región.

Como es sabido el Programa opera desde el 2005 y es ejecutado por un consorcio de instituciones de la sociedad civil, formado por: el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEGES-INTEC), el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (CIES-UNIBE), y Participación Ciudadana, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

De la sinergia de estas tres reconocidas instituciones en el campo intelectual y académico dominicano, surge este programa que ha buscado dotar a los participantes de las competencias y herramientas necesarias para producir los cambios que el sistema político y específicamente el sistema de partidos requieren para ser coherentes con los procesos de modernización, profesionalización y democratización que vivimos en el marco del Estado nacional.

Por ello los participantes, jóvenes líderes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, comprendidos entre los 18 y 45 años deben involucrarse en una serie de procesos educativos, de carácter reflexivo y participativo, que tocan las áreas de la democracia, sus instituciones, la cultura y valores en los que se sustentan, y especialmente sobre la realidad profunda del Estado y los partidos políticos, como espacio para producir un cambio visible en la acción política.

Está animado por el propósito de que jóvenes líderes y dirigentes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, puedan aportar al fortalecimiento de la institucionalidad, la democracia interna, la transparencia y las capacidades de rendición de cuentas tanto interna como externa de sus organizaciones, fomentar el diálogo interpartidario y acercar la realización de las reformas políticas.

Desde hace varios años me ha correspondido asistir a eventos en los que los directivos de este programa han ofrecido informes sobre su gestión y puedo asegurarles que por su contenido, metodología e impacto, esta iniciativa está a la altura de los mejores programas de formación política que se imparten en los países desarrollados o de aquellos que planifican el desarrollo nacional en todas sus dimensiones.

Lo que conozco del Programa, obtenido a través de varios participantes de algunos de sus cursos, es que mezcla varias estrategias que facilitan no solo el conocimiento y comprensión de las materias que le componen, sino el desarrollo de modalidades de aprendizaje novedosas. En primer lugar rompe con la tradicional concentración de actividades formativas en la capital y lo descentraliza, para que se realice en seis regiones del país, llevando el curso a los participantes.

Facilita la formación conjunta de jóvenes dirigente políticos con miembros de las organizaciones de la sociedad civil, lo que forja, al calor de los debates y reflexiones conjuntas, un acercamiento político y metodológico a los problemas centrales del país o la región, tendiendo puentes para la construcción de soluciones realistas y posibles.

Crea las condiciones de inducción de los jóvenes en los ámbitos conceptuales básicos de la política, supliendo de esa forma las eventuales lagunas que pudieren encontrarse en su formación inicial. Cada participante, al término de esta experiencia, debe dominar un tronco común de conocimientos que permite el diálogo entre las diferentes fuerzas o agrupamientos, facilitando la profundización de las destrezas o competencias en el marco de la capacitación que se imparte en sus respectivos partidos.

El programa propicia un enfoque y acercamiento a las nuevas visiones de la teoría política desde la reflexión conjunta de los problemas, permitiendo la creación de un consenso base que es el punto de partida de las propuestas comunes en diferentes partidos. Es verdaderamente un salto con relación a la tradicional formación partidaria, que refuerza las diferencias, exacerba los enconos y pone cercas al entendimiento común.

Este es un programa exitoso y el país debería sentirse muy orgulloso de que en su historia se haya logrado que más de 2500 jóvenes de partidos y de la sociedad civil hayan elevado sus capacidades para tomar la política como lo que debería ser, la más seria de las actividades humanas.

En esta área, el político-institucional, lamentablemente arrastramos muchos déficits y carencias. La primera y más prioritaria es que en este sector es donde se manifiesta con mayor fuerza la resistencia al cambio. Como en pocos ámbitos, es en la política donde más urgencia tenemos de crear una cultura de cambio, que impacte directamente en una de las instituciones más importante del país, pero al mismo tiempo más vapuleada: el partido político.

Los partidos políticos están en el centro de la solución de todos los problemas fundamentales del país. Y con ellos, sus líderes, miembros y grupos que le rodean. Ya es inconcebible el esquema que predominó en el país alrededor de figuras con tanto carisma que incluso podían prescindir de un aparato partidario para alzarse con el poder. Recordemos que hace solo 100 años, en la época de Concho Primo, cualquier caudillo estaba en capacidad de armar a un grupo de acólitos, empleados y fanáticos, y sitiar la capital o Santiago por semanas. Para alcanzar el poder hoy se requiere mucho más, no solo en términos de recursos tecnológicos y financieros, lo que incluye las patanas, las yipetas, las caravanas y el internet, sino además la formación de un aparato legalmente constituido, como grupo político, que se supone apegado a normas, supervisado por organismos del Estado y seguido por miles de ojos a través de los medios de comunicación.

El partido se ha convertido en el demiurgo de la realidad, que transforma la pobreza extrema en riqueza, la marginalidad en opulencia, el desconsuelo en alegría y la escasez en abundancia. Sin embargo esos milagros no son para todos, sino para quienes se sienten poseídos del encanto de la palabra y la influencia, de quienes han convertido en un arte el amarre, el acuerdo en el traspatio y la mentira. Los partidos, que deberían ser las instituciones más serias, transparentes y comprometidas con la sociedad, lamentablemente se perciben alejadas de las expectativas sociales para mejorar la calidad de vida de las mayorías y ser la expresión de su deseo de progreso. Las encuestas recientes son tozudas: insistentemente dicen que los políticos y la política tienen mala fama, porque no dicen la verdad, prometen lo que saben que no cumplirán y descalifican a los demás por las faltas que ellos mismos reflejan.

No he venido ante Uds. a hacer un diagnóstico que seguramente comparten, sino sobre todo a transmitir una esperanza, un anhelo de cambio con el que seguramente Uds. estarán de acuerdo. No tengo dudas de que es en el marco de la política que tendrán soluciones nuestros más graves problemas y que contrario al desaliento que a veces predomina en el pueblo, tenemos que insistir que en este país podemos construir una democracia moderna, con instituciones vivas y dinámicas, abiertas a los cambios.

Desde hace 50 años, hemos estado ensayando las mejores vías para avanzar en ese camino. El país ha realizado cambios legales y organizacionales importantes, siendo la reforma constitucional del 26 de enero de 2010, el último hito registrado. Hasta ese momento la separación de los poderes públicos era casi una ficción. Por un lado, un Poder Ejecutivo con superpoderes en la administración pública; un Congreso sin medios para controlar y someter al orden al Ejecutivo y un poder judicial, sin condiciones para garantizar su independencia ni vocación para asegurarla.

No es de extrañar que el Estado de derecho flaqueara cada día. La fortaleza de la democracia se mide por la capacidad de sus instituciones de ser coherentes y apegarse a los mandatos de su Constitución, si ella incentiva la rendición de cuentas y dispone de un sistema de consecuencias que trascienda la voluntad de autoridades y poderes.

Hemos afirmado en diferentes espacios que este país ha alcanzado con esa Constitución de 2010, un punto que considero de no retorno en el proceso de institucionalización y modernización del Estado. Esto se refleja de manera contundente en algunos cambios en el sistema de partidos y en el sistema electoral dominicano, esto es, en dos de las zapatas del régimen democrático dominicano.

Por tanto, la democracia representativa exige someterse con lealtad a las reglas del juego electoral, en una competencia monopolizada por partidos políticos que, en la dialéctica de la oferta y la demanda, compiten periódicamente por obtener el favor de la ciudadanía. Pero, aún con la más avanzada madurez cívica de los partidos, los conflictos electorales surgirán porque son seres humanos y no ángeles los que compiten por dirigir el gobierno. Es así que blindar el sistema electoral contra cualquier atentado que pretenda desviar la voluntad popular expresada en el voto ha sido y será una necesidad imperante para la democracia representativa.

La configuración institucional del sistema electoral dominicano era menos que “esquizofrénica”, con una Junta Central Electoral (JCE) tricéfala: un Pleno con funciones reglamentarias, una Cámara con funciones administrativas y otra Cámara con funciones contenciosas. No fueron pocos los conflictos competenciales que se generaron entre estos sub-órganos. Era, pues, necesario que la reforma constitucional separara las funciones administrativas de las jurisdiccionales; y así ocurrió con la creación de un Tribunal Superior Electoral (TSE).

A partir de la Constitución de 2010 corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) asumir con plenitud la organización y supervisión del torneo electoral, y los conflictos surgidos a propósito del mismo deberán ser resueltos por el Tribunal Superior Electoral. Ello significa, además, que la labor que desempeñe la Junta Central Electoral (JCE) estará sujeta a control por ante Tribunal Superior Electoral a petición de quien o quienes resulten afectados por sus actuaciones u omisiones.

Por esto la Constitución de 2010 constitucionalizó los partidos políticos exigiéndole cumplir con funciones sustanciales como “garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos” y “contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana” y “servir al bienestar colectivo”. E, igualmente, la Constitución dispone que el funcionamiento de los partidos políticos debe respetar la democracia interna y la transparencia, y, para garantizarlo, asigna al Tribunal Superior Electoral (TSE) la competencia de resolver los diferendos que surjan a lo interno de éstos; pero no se prevé constitucionalmente un mecanismo administrativo de supervisión que posibilite una intervención de la Junta Central Electoral (JCE) en los asuntos intrapartidarios. Corresponderá así a la Ley de Partidos Políticos establecer los mecanismos de fiscalización de la Junta Central Electoral (JCE) en las contiendas internas de los partidos.

Si en el pasado reciente los fraudes electorales constituyeron el más grande peligro que amenazó la democracia dominicana, en la actualidad su problema más grave es el financiamiento de las campañas electorales. Se concordará con el iusfilósofo norteamericano Ronald Dworkin que, “la política está desacreditada, y el dinero es la raíz del problema”, debido al uso de fondos públicos en las actividades proselitistas de los candidatos pertenecientes al partido de gobierno y, lo que es mucho peor, por la sigilosa penetración del dinero proveniente del narcotráfico. La Junta Central Electoral (JCE) no ha podido garantizar una fiscalización adecuada de las fuentes de financiamiento, debido especialmente a la carencia de un marco normativo e institucional que posibilitara esa tarea.

Esa regulación constitucional supone un paso de avance para el fortalecimiento de los controles administrativos del gasto electoral y la transparencia de las fuentes de financiamiento, y, además, supera gran parte de las objeciones que se hicieran en el 2007 al “Proyecto de Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Usos de Medios de Comunicación”, porque ya no es posible alegar que la facultad reglamentaria de la Junta Central Electoral (JCE) sea de carácter complementario, porque las nuevas disposiciones constitucionales le otorgan una capacidad de reglamentación autónoma “en los asuntos de su competencia”.

Ello supone que la Junta Central Electoral (JCE) no necesitará de la previa habilitación legislativa para reglamentar los gastos de la compaña electoral y la transparencia en el financiamiento porque son asuntos cuya competencia le ha sido expresamente atribuida desde la Constitución. No ocurrió lo mismo con la facultad reglamentaria del Tribunal Superior Electoral (TSE), que quedó subordinada a la existencia de una ley que pre-diseñe los “procedimientos de su competencia”.

Ha de lamentarse que a la jurisdicción electoral no se le dotara de una temporalidad que excediera el período de los funcionarios electos. Todo luce indicar que la clase política dominicana se resiste a que sus diferendos sean resueltos por jueces electorales que apliquen el derecho con absoluta imparcialidad y sin consideraciones extrajurídicas como las que históricamente han permeado las decisiones electorales en el país. El Tribunal Superior Electoral (TSE) tendrá serias dificultades para asumir plenamente su rol institucional si sus integrantes no cuentan con la suficiente estabilidad en el cargo que les permita tomar decisiones sin el temor a la pronta revancha de los agentes políticos. Sólo queda aspirar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) pueda y sepa sobreponerse a las presiones de la política para ejercer su jurisdicción con apego irrestricto a la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta.

La “dificultad” que aqueja el diseño institucional del Tribunal Superior Electoral justifica que sea habilitada la revisión extraordinaria de sus decisiones en la forma de un amparo constitucional a instancia de cualquier persona afectada. El derecho al sufragio, en su doble dimensión de elegir y ser elegido, necesita de protección ante el Tribunal Constitucional, porque sin ella sólo mantendrá su eficacia el elegir, mientras que el ser elegido continuará siendo una promesa irrealizable o, en una hipótesis no menos irritante, sólo podrá ejercerse conforme a la voluntad omnímoda de los líderes de unos partidos políticos que se resisten a implementar la democracia interna, y ante la posible impotencia de los órganos del sistema electoral.

Sin mencionar que la carencia de un control de constitucionalidad de lo electoral podría imposibilitar la constitucionalización de la actividad político-partidaria que exige la Constitución. Se requiere, pues, un impulso pedagógico del Tribunal Constitucional que retroalimente desde arriba a la justicia electoral, para que ésta implemente desde abajo esos principios constitucionales. Ello, además, permitiría al Tribunal Superior Electoral (TSE) quebrar con mayor facilidad la resistencia de los agentes políticos e imponerles los controles jurídicos que establece la Constitución.

Tal como apunta Belarminio Ramírez Morillo en la Constitución Comentada de FINJUS: “El concepto de participación política incorporado en la reforma constitucional de 2010, se fundamenta en el criterio de que la conquista del gobierno por medio de las elecciones no debe agotar la participación de la sociedad, sino que, por el contrario, debe permitir el inicio de otro proceso más legitimador, generando dos focos de poder democrático: uno, originario del voto, y otro, originario de las instituciones de participación directa”. Con lo cual “el constituyente ha dado el primer paso para que se produzca el tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa”.

La Constitución apuesta por la participación directa de la ciudadanía. Y esto supone una modificación sustancial del paradigma representativo en que históricamente se sustentó la democracia dominicana. Pero la participación directa no afecta el principio de representación que es la base de la democracia representativa, pues, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos”.

Lo que procuran los mecanismos de participación directa es asegurar una mayor pluralidad política y abrir los canales democráticos a una ciudadanía militante que ya no se conforma con el exclusivo ejercicio del sufragio. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas. En una sociedad plural y abierta, la política ya no se construye exclusivamente desde los partidos, sino que se convierte en un espacio abierto en que los partidos políticos han de convivir con otras organizaciones de naturaleza diversa, que suelen englobarse en lo que actualmente denominamos “sociedad civil”. La Constitucionalización de mecanismos institucionales que permiten un diálogo fluido entre los partidos políticos y la sociedad civil constituye un importante aporte para fortalecer la calidad de la democracia dominicana.

Son cada vez más importante el rol que juegan las instituciones de ese mundo heterogéneo de intereses que constituye la sociedad civil. Se trata, sin duda, de espacios políticos diferenciados, por tanto, ni la sociedad civil acapara el espacio de los partidos, ni los partidos pueden asumir la representación sectorizada de la sociedad civil. Estos actores, por tanto, juegan roles diferenciados en el seno de la comunidad política. Pero necesariamente complementarios. Pues los fines que procuran los partidos políticos exigen un diálogo contante con la ciudadanía y las instituciones que aglutinan los diferentes intereses que conviven en el seno de una comunidad plural.

Todo ello exige un renovado “liderazgo” en los partidos políticos y en las organizaciones sociales que asuma la política como un espacio de construcción de consensos sociopolíticos que garanticen un bienestar colectivo. La defensa de lo propio nunca debe llevarnos a ignorar los intereses del otro. El diálogo político en sentido amplio es lo que permite construir los puentes que sustentan un régimen democrático. No basta pues con tener una representación política mayoritaria adquirida en las urnas, sino que debe respetarse la visión de las minorías políticas y sociales.

Creo interpretar al CEGES-INTEC, el CIES-UNIBE y Participación Ciudadana, si afirmo que es este precisamente el sentido último y más importante de este Programa de Formación y Gerencia Política que auspician y que al agotar este nuevo período de su historia confían en que cada uno de ustedes, desde sus respectivas formaciones partidarias u organizaciones sociales, usará su creatividad, inteligencia y paciencia para apoyar que estos puentes se construyan y el sistema político y de partidos, así como toda la sociedad, ganen con su acción concertada en cada una de sus regiones y a nivel nacional.

Les felicito, jóvenes graduandos, por haber culminado esta nueva etapa de sus carreras políticas. Esta felicitación es extensiva a las instituciones organizadoras, y a cada uno de los directivos, docentes y facilitadores de este esfuerzo, que se ha constituido en la más importante de todas las iniciativas de formación política del país y modelo de toda América Latina.

Éxitos a Todos y Todas.

Conferencia "Di�logo entre las Altas Cortes". Invitado Especial: Mag. Pascual Sala, Presidente Tribunal Constitucional de Espa�a

2012-03-07

Discurso de Bienvenida al Seminario a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.pdf

Seminario "Derecho Administrativo y Constituci�n": Hacia un Derecho Administrativo del siglo XXI

2012-03-07

Discurso de Apertura a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.pdf

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2012-02-22

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Por considerarlo de inter�s para la comunidad jur�dica, FINJUS pone a la disposici�n la Acci�n de Inconstitucionalidad del Dr. Julio An�bal Su�rez contra la Resoluci�n que dispuso su No Confirmaci�n como Juez de la Suprema Corte de Justicia.

2012-02-21

Julio Aníbal Suárez -Acción Inconstitucionalidad.pdf

FINJUS pide a SCJ y CPJ realizar concursos internos y motivar decisiones de ascensos en Poder Judicial.

2012-02-16

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) señaló ayer que es acertado que el Poder Judicial haya iniciado el proceso de jubilación de los jueces y juezas que sobrepasan la edad de retiro prevista en la Ley de Carrera Judicial, ya que es un paso necesario para movilizar la estructura judicial en las Cortes de Apelación y los Tribunales de Primera Instancia y completar el relanzamiento del Poder Judicial. Este proceso representa además una oportunidad para poner a prueba el apego estricto del Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia a los principios constitucionales de la carrera judicial, en cuanto a los ascensos y traslados de los magistrados del Poder Judicial.

Los principios normativos de la carrera judicial se encuentran expresamente consagrados en el artículo 150 de la Constitución de 2010. Ellos son: el mérito, la capacidad y la profesionalidad. Su desarrollo corresponde a la Ley de Carrera Judicial, en cuyo artículo 21 se establece que “los jueces ascenderán en el escalafón de la judicatura a la categoría inmediatamente superior, de acuerdo con previa calificación de los méritos acumulados, años en servicio, cursos de post-grado, producción bibliográfica y el resultado de la evaluación de su rendimiento”. La Ley de Carrera Judicial dispone la realización de “concursos internos” para cubrir los vacantes que se produzcan en el Poder Judicial. Estas disposiciones exigen tanto al Consejo del Poder Judicial como a la Suprema Corte de Justicia la ponderación de “elementos objetivos” para la elaboración de las listas de candidaturas, y la posterior decisión sobre los ascensos en el Poder Judicial.

El Consejo del Poder Judicial es competente para elaborar las listas de candidatos para los nombramientos y ascensos de los jueces, es decir, que funciona como una especie de “órgano de calificación” que debe indagar y valorar objetivamente los méritos, la capacidad y la profesionalidad de los candidatos para los ascensos. De allí se deriva la necesidad de realizar “concursos internos”, con altos niveles de transparencia y publicidad, de forma que los jueces y juezas que cumplan con los requisitos para el puesto vacante puedan presentar oportunamente sus candidaturas al Consejo. El Consejo del Poder Judicial deberá elaborar un informe de candidaturas en el que serán calificados los candidatos conforme a los criterios objetivos definidos en los artículos 150 de la Constitución y 21 de la Ley de Carrera Judicial. La motivación de todos los actos involucrados en el proceso de calificación de las candidaturas es fundamental, porque en ella no sólo cumple el Consejo del Poder Judicial con la obligación republicana de dar debida cuenta de sus decisiones, sino que, además, encuentran los jueces o juezas candidatos a los ascensos la explicitación razonada de la valoración que los afecta.

FINJUS entiende, siguiendo el razonamiento del Tribunal Supremo de España, que el Informe de Candidaturas del Consejo del Poder Judicial “debe contener una descripción detallada de las fuentes de información que han sido utilizadas, en relación a todos los candidatos que se presenten (y, en su caso, en relación también al candidato que puede ser propuesto a pesar de no haberlo solicitado inicialmente)”, incluyendo sus informes periódicos de evaluación de desempeño. “También deberá incluir los específicos criterios de méritos, capacidad y profesionalidad” que, a la vista de la singular convocatoria de que se trate y de las circunstancias constatadas de los participantes, han sido considerados preferentes para elaborar la relación de los candidatos que es elevada al Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

La Suprema Corte de Justicia debe ponderar el informe de candidaturas que le someta el Consejo del Poder Judicial, que permitirá a sus integrantes fundamentar su decisión respecto de cada uno de los magistrados candidatos al ascenso o traslado. Es indispensable que la Suprema Corte de Justicia, al margen de la libertad de apreciación de que dispone, combine armónicamente los principios de mérito, capacidad y profesionalidad establecidos en el artículo 150 de la Constitución, respetando el “derecho a la igualdad” en el acceso a los cargos públicos, a la luz del artículo 39 de la Constitución, por lo que está en la obligación de motivar suficientemente las decisiones que adopte en esta materia, es decir, exteriorizar la justificación razonada que permita llegar a la conclusión de que las y los jueces que sean finalmente ascendidos se encuentran en el nivel superior del mérito, capacidad y profesionalidad que los hace más acreedores para el ascenso que otros candidatos o candidatas.

La decisión sobre el ascenso de los jueces no puede ser fruto de un voluntarismo inmotivado y absolutamente discrecional. Sería muy peligroso para la independencia judicial que los ascensos de jueces se decidan en base a “criterios de confianza” y al margen de los principios constitucionales que sustentan la carrera judicial. Es por esto que la motivación de las decisiones de los ascensos constituye un requisito esencial para garantizar que las plazas vacantes serán ocupadas por las y los mejores magistrados del Poder Judicial de la República Dominicana.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

16 de febrero de 2012

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y FINJUS SUSCRIBEN ACUERDO DE COOPERACI�N

2012-02-06

ACUERDO FINJUS-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.pdf

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) suscribieron un acuerdo en el que ambas instituciones se comprometen a emprender iniciativas conjuntas para el fortalecimiento de la justicia constitucional dominicana.

El acuerdo, que fue rubricado por los Dres. Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional y Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, expresa el interés mutuo de propiciar actividades educativas, de investigación y difusión en la sociedad sobre los derechos fundamentales de los habitantes y sus garantías constitucionales.

El acuerdo reconoce que el Tribunal Constitucional constituye una de las instituciones centrales del nuevo ordenamiento constitucional dominicano, y que para su funcionamiento idóneo se requiere la adopción de un conjunto de herramientas y decisiones estratégicas que permitan a sus magistrados impartir justicia constitucional con efectividad, de forma que pueda garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

En el marco del acuerdo interinstitucional el Tribunal Constitucional y FINJUS promoverán la realización de conferencias, observatorios, asesorías, programas de entrenamiento, perfeccionamiento y actualización, investigaciones, levantamiento de datos e informaciones útiles para estimular el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional.

FINJUS, como institución reconocida como un centro de pensamiento jurídico e institucional, que realiza investigaciones y produce materiales diversos sobre temas constitucionales, ha suscrito acuerdos similares con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Administración Pública, diversas universidades del país y entidades internacionales de cooperación. A través de estos acuerdos, la comunidad jurídica, los investigadores y el público en general han tenido acceso a información de alta calidad sobre los procesos de reforma institucional del país y especialmente sobre los cambios que se han producido en el sistema de justicia.

Entre los materiales producidos recientemente por FINJUS se destaca la Constitución Comentada de 2010, las propuestas de leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y los procesos constitucionales, y la amplia difusión de dichos procesos por la vía de eventos especializados y de alta difusión nacional.

FINJUS reitera importancia de Reforma Policial para mejorar la Seguridad Ciudadana.

2012-01-31

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), haciéndose eco de una amplia preocupación ciudadana, ha señalado reiteradamente que la reforma integral de la Policía Nacional es una prioridad para consolidar el Estado Democrático y Social de Derecho que anuncia la Constitución de 2010 y para fortalecer el sistema de justicia y la seguridad ciudadana en sentido general. No es una exageración decir que sin una Policía que sea efectiva en la lucha contra el crimen, profesional en sus actuaciones, comprometida con el respeto de la ley y la Constitución y estructurada como un organización moderna y con recursos, la estabilidad de la democracia está en constante peligro.

Por eso hemos manifestado nuestra profunda preocupación por el contenido del Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, tal como ha sido aprobada en el Senado de la República en primera lectura, porque si llegara a ser convertida en ley tal como hoy está formulada, sería de hecho una distorsión al carácter de esa institución, que debe estar al servicio del ordenamiento jurídico del país y del sistema de gobierno que es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo.

Mientras la Constitución de 2010 le asigna a la Policía Nacional una función esencialmente civil, sujeta al control de los órganos civiles de gobierno y con autonomía limitada para ejercer sus funciones centrales, definir sus políticas y prioridades y especialmente para evaluar y dar seguimiento a sus obligaciones, el Proyecto de Ley Orgánica en curso en la Cámaras legislativas le otorga estatuto legal a lo que ha sido, en los hechos y por años, la Policía Nacional en los hechos: un cuerpo armado autónomo, con una visión militarista, que solo rinde cuentas directamente al Presidente de la República y que se resiste a coordinarse, seguir instrucciones y directrices de otros órganos competentes en los casos que las leyes lo ordenan y lo peor, a convertirse en un fin en sí misma, cuando la Constitución la crea para ser un medio de defensa y protección de la ciudadanía.

Por eso hoy somos testigos de su “vocación autonómica”, y su voluntad de sustraerse a todo tipo de control civil o normativo que no sea la episódica intervención del Presidente de la República, así como de su recelo de cualquier sujeción orgánica o funcional al resto de la administración pública de la cual hacen parte. Por ello todas las jerarquías policiales desde su fundación solo han reconocido como autoridad superior al Presidente de la República, soslayando las atribuciones y competencias orgánicas propias del Ministro de Interior y Policía, así como las directrices que emanan de las leyes del Procurador General de la República, del Ministerio Público en su conjunto y las de los Tribunales de la República. Por ello existe una resistencia irracional a reconocer que son auxiliares ejecutivos de una estructura dentro del sistema de justicia penal de la que son parte, como funcionarios públicos a quienes la Ley les confía realizar tareas investigativas con fines judiciales.

El proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional diluye aún más el precario control institucional al que está llamado a cumplir el Ministro de Interior y Policía, responsable político inmediato y delegado del Poder Ejecutivo en materia de seguridad administrativa, por lo que se excluye deliberadamente a dicho Ministro de los órganos de gobierno interno, y de la línea jerárquica ordinaria, a fin de que el “Jefe” de la Policía siga despachando directamente con el Presidente de la República de forma cotidiana, así como de la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, el cual tiene un alcance estratégico, por ser la política que traza la concepción de los objetivos y metas institucionales.

El Consejo Superior Policial es degradado de órgano de dirección que es en la actualidad de a la de ser una entidad “normativa.” Asimismo se amplía su composición hasta hacerla una asamblea, sin control de los órganos civiles del Poder Ejecutivo. En FINJUS somos del criterio, que el nivel de dirección y coordinación político administrativa que corresponde al Consejo Superior Policial, debe ser asumido por el Ministro de Interior y Policía, como responsable político último en materia de seguridad ciudadana y de la política criminal, quien deberá rendir cuentas de la efectividad y éxito de dichas políticas. El país debe avanzar en la construcción de una administración civil en el diseño de la política de seguridad y política criminal, por lo que los miembros del Consejo Superior Policial solo deberían ser: a) El Ministro de Interior y Policía, b) El Procurador General de la República, c) El Director (Jefe) Nacional de Policía, d) El Director Central de Seguridad Ciudadana; e) El Director de Investigaciones Criminales, y; f) El Defensor del Pueblo.

FINJUS ha abogado por el fortalecimiento del sistema de supervisión interna de la Policía Nacional, para asegurar que las actuaciones de sus miembros estén apegadas al ordenamiento jurídico. Por eso nos preocupa que en la Propuesta de reforma en el Congreso se le atribuya al Jefe de la Policía la recomendación de la designación del Inspector General de la Policía, quien será el responsable del control interno de la institución. Esto configuraría un claro conflicto de interés, que no debe permitirse, por lo que sugerimos que sea el Ministro de Interior y Policía, funcionario a quien compete el control político ordinario del cuerpo policial, quien tenga la tarea de recomendar al Presdiente de la República el candidato a Inspector General. En este mismo sentido es esencial que también se establezcan controles externos efectivos, para que la ciudadanía pueda estar confiada en que los excesos de los agentes policiales serán efectivamente sancionados. Tampoco debe permitirse, como se pretende, el restablecimiento de los “tribunales de justicia policial”, ya que representaría un claro retroceso hacia situaciones del pasado que ya fueron superadas.

Otro aspecto que debe ser abordado con precisión es el fortalecimiento de las capacidades de investigación de la policía. Pues, en cuanto principal órgano auxiliar de la investigación penal, que dirige el Ministerio Público, el subsistema policial constituye una de las piezas angulares del sistema de justicia penal. No se puede pretender que los jueces decidan sin pruebas idóneas, esto es, científicamente razonables, veraces y confiables, pues la Constitución promete que “nadie podrá ser juzgado –ni castigado– sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa.” De ahí, que se precise de una labor coordinada entre el Ministerio Publico y los técnicos investigadores policiales de modo que la investigación, cuya etapa inicial es crucial, pueda estar orientada a destruir, más allá de toda duda razonable y con estricto apego a las normas del debido proceso, la presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo imputado.

En razón de sus responsabilidades constitucionales, es razonable que el Ministerio Público tenga a su cargo el control operativo de todos los componentes de la actividad persecutoria, investigativa y probatoria, para contribuir al objetivo de fiscales e investigadores, que no es otro sino el de hacer cumplir la ley, evitar la impunidad y lograr acusaciones exitosas. Por esto, reivindicamos el espíritu de la Ley Orgánica del Ministerio Público en cuanto a la adscripción funcional al Ministerio Público de los agentes investigadores de la Policía Nacional, aunque con ciertos ajustes para lograr un diálogo institucional más fluido entre los Consejos del Superiores del Ministerio Público y la Policía Nacional, al tiempo que cuestionamos que la propuesta de Ley Orgánica de la Policía Nacional no elimine la llamada “promiscuidad funcional” de los oficiales y agentes de policía, los cuales pueden ser destinados indistintamente al cumplimiento de tareas tanto administrativas como de investigación con fines judiciales.

Las posibilidades de traslados y aun los amplios márgenes de discrecionalidad concedidos a la Jefatura y al Consejo Superior Policial para determinar la separación y eventual criminalización de oficiales y agentes, no superan el actual esquema de repartición de “premios y castigos” que caracterizan a la institución. Esta forma de organización impide la especialización sistemática y la tecnificación progresiva de los equipos de investigación.

La naturaleza diversa de las tareas que deben desarrollar las agencias de policía y las fuerzas militares, obligan a diferenciar claramente la visión, la misión, las funciones, y las tareas de una y otra institución. En un contexto democrático, en el cual se supone superada la doctrina de seguridad nacional vigente durante la guerra fría, donde la persecución, control y aniquilamiento del “enemigo interno” constituyó la razón de ser de nuestros cuerpos de seguridad, incluida la policía, se hace necesario establecer un nuevo paradigma axiológico de la función de protección y servicio de los habitantes. El cuerpo policial debe ser desmilitarizado para adoptar un perfil institucional más acorde con sus funciones en una sociedad democrática. El proyecto de Ley Orgánica de la Policía refuerza la organización militarizada de la Policía Nacional, estableciendo que para determinadas funciones solo se puede acceder siendo oficial General. Urge pues modificar la nomenclatura militar de los rangos policiales, redefinir los planes de formación y la doctrina policial y repensar la estructura de la institución, para construir una policía más cercana a la ciudadanía, capaz de ganar la confianza, la comprensión y el respeto mutuos de la población a la que sirve.

Solo por este camino es que se avanza en el fortalecimiento de los lazos de la Policía con la sociedad; el aumento de la confianza en las instituciones con los agentes del orden y en general, en el reconocimiento del gran papel que debe jugar la Policía en la prevención y persecución del crimen organizado y el sostenimiento de la convivencia pacífica y la democracia.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

31 de enero, 2012

FINJUS advierte necesidad de modificar procedimiento de evaluaci�n de desempe�o en elecci�n jueces de las Altas Cortes

2012-01-24

http://eldia.com.do/nacionales/2012/1/24/73523/La-Finjus-dice-evaluacion-debe-ser-modificada

http://www.panoramadiario.com/nacionales/artnaciolanes/articulo/17/finjus-pide-modificar-evaluacion-desempeno-jueces-altas-cortes/

http://www.noticias247fm.com/2012/01/25/finjus-advierte-necesidad-modificar-evaluacion-jueces/

http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=272580

http://www.elnacional.com.do/nacional/2012/1/24/109196/FINJUS-advierte-necesidadmodificar-evaluacionjueces

http://diariolibre.com.do/noticias/2012/01/24/i321576_eleccion-jueces-cnm-finjus.html

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) señaló ayer que de una primera ponderación del Acta 24 de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en que fueron designados los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se desprende la necesidad de que los procedimientos de evaluación de dichos jueces sean modificados y que las decisiones que se adopten sean motivadas para asegurar que fueron observadas las garantías que la Constitución ha dispuesto para preservar la independencia del Poder Judicial.

FINJUS llama la atención sobre el hecho de que en el Acta 24, del 21 de diciembre pasado, no existen los suficientes elementos de motivación de las decisiones adoptadas en el CNM para la designación de los jueces de la carrera judicial, ya que el CNM debía demostrar que respetó el “derecho a la igualdad” en el acceso a los cargos públicos a la luz del artículo 39 de la Constitución, y que el criterio material que finalmente decidió el nombramiento se ajustó a los criterios que encarnan los “principios de mérito, capacidad y profesionalidad” para el ascenso y promoción en la carrera judicial, conforme lo consagra el artículo 150 de la Constitución, pues “sólo están exentos de estos requisitos los miembros de la Suprema Corte de Justicia que sean de libre elección”.

De acuerdo a FINJUS, el Acta 24 del CNM debió recoger la justificación razonada que permita a la sociedad llegar a la conclusión de que los jueces de la carrera judicial que han sido designados se encuentran en el nivel superior del mérito, capacidad y profesionalidad que los hace más acreedores para el nombramiento en la SCJ que otros candidatos pertenecientes a la judicatura, de manera que pudiera comprobarse que se han respetado los principios constitucionales en que ésta se fundamenta. A igual requisito de motivación está obligada la SCJ cuando designa los jueces de las otras instancias del Poder Judicial de entre los candidatos que les somete el Consejo del Poder Judicial. Es lamentable que la anterior SCJ nunca motivó de manera adecuada los nombramientos o ascensos a lo interno del Poder Judicial en su gestión, por lo que no es posible determinar si respetaron en este ámbito los criterios de la Ley de Carrera Judicial, que gozan ya de rango constitucional.

Otro aspecto preocupante que se refleja en el Acta 24 es lo referido a la evaluación de desempeño a que fueron sometidos los jueces de la SCJ en el CNM para decidir si eran confirmados o no en sus cargos. Al tenor de lo estipulado en el artículo 181 de la Constitución, el CNM debía sustentar sus decisiones en los motivos contenidos en las Leyes del CNM y de Carrera Judicial. Según el artículo 33 de la Ley Orgánica del CNM, los criterios a tomar en cuenta son “la integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados” y se tomará como base de sustentación de la evaluación de desempeño del CNM, “los informes de desempeño que de conformidad con la Ley de Carrera Judicial son presentados por los presidentes de las salas sobre cada juez miembro; los del presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre los jueces presidentes de cada cámara y aquellos del presidente de la Suprema Corte de Justicia elaborado por sus pares”.

Lamentablemente, es conocido el hecho de que los jueces de la anterior SCJ, a lo largo de sus 14 años de gestión, nunca realizaron las evaluaciones periódicas de desempeño que manda la Ley de Carrera Judicial, lo que impidió al CNM tener a mano esta importante herramienta, afectando el proceso de evaluación de desempeño de estos jueces, haciendo que la elección de los nuevos jueces se produjera, como FINJUS había advertido con anterioridad, en una situación de irregularidad.

Aunque el CNM, de acuerdo al acta 24, para ratificar o no a los jueces de la SCJ realizó los pasos que el art. 33 de su Ley ordena, como son tomar en consideración las evaluaciones orales de los Presidentes de las Salas, la documentación confidencial que tuvo a mano, los informes individuales de gestión que presentaron algunos jueces y la evaluación oral individual a que fueron sometidos los magistrados, se advierte la ausencia de una motivación rigurosa que permita verificar las consideraciones del CNM en torno a los magistrados separados de sus cargos. La discrecionalidad en las decisiones al margen de lo estipulado en ese artículo, pone en riesgo la independencia judicial, pues no despeja las dudas que pudieran existir acerca de si la separación de esos jueces fue el producto de una arbitrariedad.

Las limitaciones e irregularidades que afectaron el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la SCJ demuestran la necesidad de producir reformas profundas en los procedimientos institucionales y en el ejercicio democrático del poder en el pleno de la SCJ, igual que una reforma del reglamento de evaluación de desempeño del CNM para la próxima evaluación en siete años.

Otra de las lecciones aprendidas en este proceso es que debe modificarse el sistema de construcción de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia para establecer el mecanismo de Magistrados Ponentes, pues la sociedad tiene derecho a conocer los criterios jurídicos que enarbolan cada uno de los jueces supremos en sus decisiones jurisdiccionales, lo que permitirá a su vez al CNM ponderar las destrezas profesionales, capacidad de análisis y laboriosidad de cada magistrado individualmente considerado. Esto, además, garantizaría que, desde la perspectiva de los magistrados, la evaluación se convierta en una oportunidad invaluable para rendir cuentas de su desempeño y sus aportes en el alto tribunal de justicia.

El sistema de evaluación de desempeño podría prestarse para afectar la independencia judicial, si en la evaluación no se respetan unas garantías elementales. Por tal razón, entendemos que en el futuro, el procedimiento de evaluación de desempeño de los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia debe adecuarse por lo menos a las siguientes garantías: (i) Predeterminación de los ítems evaluables y de su valoración respectiva, para que conozcan de antemano sobre el qué serán evaluados; (ii) fijación de parámetros de evaluación tanto de los satisfactorios, que imponen la renovación del mandato, como de los insatisfactorios, que justifiquen la decisión del CNM “separar al juez o jueza de su cargo”; (iii) publicidad, elemental en todo debido proceso, para que la ciudadanía pueda apreciar la regularidad del procedimiento evaluativo; (iv) motivación adecuada, sobre todo cuando la decisión del CNM implique la destitución de un juez; y (v) control por parte del Tribunal Constitucional, quien deberá evaluar que la decisión de separación del cargo de un juez de la SCJ se ajusta a “los motivos contenidos en la ley que rige la materia” (artículo 181 CRD) y que durante la evaluación no se haya incurrido en violaciones al “debido proceso” (artículo 69.10 CRD).

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

24 de enero de 2012

FINJUS rechaza Proyecto de Ley de Reforma Policial

2012-01-19

http://lainformacion.com.do/noticias/ciudad/38319/finjus-rechaza-proyecto-ley-reforma-policial

Propuestas de FINJUS sobre Proyecto aprobado de Reforma de Ley de la Polic�a Nacional

2012-01-12

BREVE ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL

Introducción

En junio del año 2011, el ciudadano Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, sometió al Senado de la República, para su conocimiento, discusión y aprobación, el Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, principal agencia ejecutiva encargada de hacer cumplir la Ley, y con ello, proveer seguridad a los habitantes del territorio nacional. La Comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana, presidida y coordinada por el Honorable Senador Manuel Antonio Paula, anunció que el análisis de la pieza se realizaría atendiendo los intereses prioritarios del país. Dicha pieza fue aprobada por el Honorable Senado de la República sin mayores discusiones de cara a la sociedad que en último término se beneficia o perjudica por el servicio de seguridad pública que le brinda el Estado.

Colocados en este escenario y dada la crucial importancia de la materia que regula el proyecto de Ley en cuestión, nos planteamos la necesidad de estudiar y realizar las observaciones pertinentes, a los fines de contribuir humildemente con la obtención de un producto normativo que resulte del consenso democrático y que dote a esta agencia ejecutiva del marco institucional adecuado para llevar a cabo su misión social de aplicar la Ley y salvaguardar la seguridad de los habitantes. El proyecto tiene por objeto definir de la naturaleza y misión de la Policía Nacional, regular su organización, estructura y funcionamiento y establecer el estatuto de la carrera policial y su régimen disciplinario, estableciendo las condiciones para una adecuada promoción social de sus miembros, fomentando su desarrollo profesional y personal.

La reforma de la Policía Nacional constituye una de las tareas pendientes de nuestra prolongada transición hacia el Estado Democrático y Social de Derecho. El rezago institucional y cultural que reflejan las actuaciones de la jerarquía y toda la categoría de funcionarios y agentes encargados de hacer cumplir la Ley que integran la Policía Nacional es palpable, en la medida que manifiestan una vocación autonómica, al tiempo de que recelan de cualquier adscripción orgánica o funcional al resto de la administración pública de la cual hacen parte. Así, observamos, que la jerarquía policial sólo reconoce como autoridad superior al Presidente de la República, soslayando las atribuciones y competencias orgánicas propias del Ministro de Interior y Policía, así como las funcionales del Procurador General de la República, y con él, las de todo el Ministerio Público en su conjunto y las de los Tribunales de la República. Aunque la categoría de funcionarios públicos a quienes la Ley les confía las funciones de policía agotan tareas auxiliares de investigación con fines judiciales, se verifica una irracional resistencia a reconocer que el subsistema policial, cuando acomete tareas investigativas, integra uno de los componentes ejecutivos del sistema de justicia penal.[1]

La Ley No. 1022 del 18 de octubre de 1935 facultó al Poder Ejecutivo a disponer todo lo relativo a la formación y mantenimiento de un cuerpo de Policía Nacional, lo que se materializó mediante decreto de fecha 2 de marzo de 1936. El referido cuerpo fue integrado mayoritariamente por antiguos miembros de la Guardia Nacional y personas cuya características básicas eran la adhesión al “Jefe,” el generalísimo Trujillo; un sentido exacerbado del “orden” y la “paz” propiciada por el dictador; y, la proclividad al uso de la fuerza física. Se trataba de un cuerpo para imponer el orden de terror permanente que primó durante la tiranía.

A raíz de la decapitación de la tiranía, la Ley Institucional de la Policía Nacional No. 6141 del 28 de diciembre del año 1962, aprobada inmediatamente después de que el Prof. Juan Bosch fuera escogido como Presidente de la República en las primeras elecciones democráticas desde 1924, no ocultaba la intención de mediatizar la transición democrática y limitar el control civil sobre el cuerpo de policía que se había formado en el seno del oprobioso régimen a cuyo sostenimiento sirvió. La creación de un cuerpo técnico de investigación policial fue originalmente planteada por la conocida “PTJ”, creada durante el gobierno provisional del Dr. Héctor García Godoy (1965-1966). En esos momentos, el notable abogado Rafael Eduardo Valera Benítez encabezó las posiciones en defensa de la propuesta, que tuvo efímera presencia, quizás por tratarse de un gobierno provisional, al cual rápidamente sucedió el primer mandato del Dr. Joaquín Balaguer (1966).

La historia reciente nos cuenta como ese cuerpo de policía jugó un papel en los planes conspirativos para subvertir el orden constitucional. Asimismo cabe anotar las funciones de “limpieza” que en el marco de la guerra fría y bajo la doctrina de la seguridad nacional desarrolló el “servicio secreto,” con posterioridad a la guerra cívico militar del 1965, durante el período de los 12 años, entre 1966-1978, lapso en que la Policía Nacional cumple una función de seguridad política y contención ideológica, en lo que algunos denominan “guerra de baja intensidad.” Resulta que no obstante, el hecho de que la mayoría de las instituciones republicanas han operado una significativa transformación, conforme los avances democráticos verificados en el pasado reciente, la Policía Nacional se mantiene inmune a esos cambios, ya que sus referentes culturales y modelos de actuación siguen, en mucho, anclados en el pasado. El referente político e ideológico de la Policía Nacional se mantiene casi intacto hasta el presente, en tanto su valoración institucional encierra una concepción sobre su misión como de alta seguridad nacional y se identifica organizacionalmente como un cuerpo militarizado, de corte castrense, aunque con una función civil. (ver Art. 5, ley No, 6141).

La Ley Institucional de Policía No. 96-04, que fue el resultado de un prolongado proceso de discusión y debates, en el cual terminó por imponerse la capacidad de maniobra y el real poder de “veto” de la corporación policial, la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados fue sustituida, reconvertida y finalmente cooptada por los legisladores más conservadores de esa parte del Congreso Nacional. Se limitó la posibilidad de desmilitarizar la Policía Nacional, se redujeron los controles internos y externos, al tiempo de fortalecer los poderes del “Jefe” de la Policía Nacional. Ahora, con una Constitución de la República que anuncia una “revolución democrática,” y el establecimiento de un marco normativo que apuntala el Estado Democrático y Social de Derecho, se introduce una pieza legislativa que desmiente en esencia esa forma de organización jurídica y política. La propuesta, tal como está formulada, constituye una contrarreforma de difícil acomodamiento en el sistema de gobierno esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, que como norma invariable y central del ordenamiento nos promete la Constitución del Siglo XXI que ha tenido a bien dotarnos el Presidente Fernández y la Asamblea Revisora.

El prolongado período de transición democrática no se ha planteado seriamente la reconversión de los paradigmas y principios expresados en la Ley Institucional de la Policía Nacional y el sometimiento pleno de sus funcionarios y agentes al ordenamiento jurídico fijado por la Constitución de la República.

La sociedad en su conjunto aspira que la aprobación de una nueva Ley Orgánica se traduzca en un significativo avance institucional, que permita adecuar la corporación policial a los nuevos conceptos, paradigmas y aspiraciones sociales en materia de aplicación de la ley y seguridad ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema de la seguridad de los habitantes y el fortalecimiento del estado de derecho hemos tenido a bien analizar los aspectos más relevantes de la referida propuesta normativa a fin de precisar sus alcances y sus limitaciones. La transición democrática de la República Dominicana tiene en definición del marco normativo que regule la ubicación orgánica, funcional, la profesionalización, la desmilitarización y control civil de la Policía Nacional uno de sus mayores retos.

En nuestra exposición abordamos el análisis de la propuesta de modificación de la ley Orgánica de la Policía Nacional en cuanto tiene que ver a los desafíos relativos a: (1) La ubicación orgánica y funcional de la Policía Nacional; (2) el fortalecimiento de las capacidades de investigación y el subsistema policial; (3) la necesaria desmilitarización de las agencias de seguridad pública y; (4) el establecimiento de sistemas de evaluación y control de desempeño profesional de los policías.

1.- Ubicación orgánica y funcional de los funcionarios y agentes de policía.-

Los funcionarios y agentes que integran la Policía Nacional hacen parte del Poder Ejecutivo, dentro de la categoría de funcionarios civiles encargados de hacer cumplir la Ley, como parte del servicio público de seguridad de los habitantes.

El artículo 4 de la Constitución de la República, al establecer la forma de gobierno, la distribución de atribuciones, la organización de competencias y responsabilidades, engloba la actividad de todos los agentes estatales en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, sin que pueda pretenderse que exista agencia ejecutiva alguna que pueda sustraerse como órgano u organismo extra o supra poder, a estas reglas de organización y distribución del poder.

Bajo el Título IV, Del Poder Ejecutivo, Capítulo I, Del Presidente y Vicepresidente de la República, Sección II, el artículo 128 de la Constitución de la República confiere al Presidente de la República, en su parte capital, la dirección de la administración civil y militar, al tiempo de reconocerle la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y de los demás cuerpos de seguridad del Estado. Al fijar las atribuciones del Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, el mismo artículo 128, ordinal 1) literal e) le encarga “disponer, con arreglo a la Ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo, o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo. Fijar el contingente de las mismas y disponer de ellas para fines de servicio público.” Más adelante, al referirse a sus atribuciones como Jefe de Gobierno, en el ordinal 2), literales a y b, le faculta para nombrar y designar a los Ministros, Vice-Ministros y demás funcionarios de libre nombramiento, así como a los encargados de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado.

De modo, que no existen dudas que la Policía Nacional se ubica orgánicamente en el Poder Ejecutivo, y sus funcionarios y agentes entran dentro de la categoría de funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. En ese mismo orden, por aplicación de los artículos 134, 138, 139 y 141, hemos de convenir en que el despacho de los asuntos de gobierno, en circunstancias normales, se verifica por vía de los ministerios creados por la Ley, conforme los principios de “eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.”

Ahora bien, ¿Dónde surge la problemática? La problemática es la vocación autoritaria, autonómica o autárquica de esa agencia ejecutiva o corporación de derecho público que denominamos Policía Nacional. Esta problemática ha sido estudiada y analizada en múltiples oportunidades, sin que hasta ahora se manifieste una voluntad firme dirigida a “domesticar,” por así decirlo la cultura que favorece el desenvolvimiento de la Policía Nacional como un espacio de “no derecho,” o al menos como una instancia de poder fáctico no sometida a control civil o normativo alguno, como no sea la episódica intervención del Presidente de la República.

Llegados a este punto conviene preguntarnos: ¿Cómo se sustrae, de ordinario, la Jerarquía Policial, a la dirección política civil, así como al control normativo del legislativo y a las resoluciones judiciales? La estrategia es muy sencilla, se proclama una adhesión directa al Presidente de la República, aún en situaciones normales, de modo que por la imposibilidad material del Jefe de Estado y de Gobierno de atender todos los asuntos que en el día a día se plantean en materia de seguridad pública y control ex -post del delito, el Jefe de Policía retiene para sí un formidable espacio de autonomía. Adviértase que el Jefe de la Policía despacha directamente, aún en circunstancias normales, con el Presidente de la República y no a través del Ministro de Interior y Policía, conforme corresponde según la Constitución de la República. Tal como refiere un pormenorizado estudio contratado por la SEIP en el año 2003:

“ en la tradición institucional dominicana ha primado un vínculo directo entre el Presidente de la República y el Jefe de la Policía Nacional, sin la mediación del Secretario de Estado del ramo. El despacho de los temas atinentes a la Policía Nacional los realiza en forma directa el Presidente de la República. De este modo, dada la imposibilidad institucional de que el primer mandatario lleve cotidianamente y en un nivel detallado los asuntos de la seguridad pública y ejerza la dirección directa de la Policía Nacional, aquel vínculo directo favorece el hecho de que la conducción efectiva de la institución policial recaiga en el Jefe de la misma, quedando desdibujada y secundarizada la injerencia o la labor de mando institucional atribuida en el plano formal al Secretario de Estado de Interior y Policía y dando lugar a un grado notable de autonomía institucional de la Policía Nacional ante el poder político. Este cuadro de situación institucional no solamente no ha sido puesto en tela juicio por las sucesivas administraciones gubernamentales, sino que ha sido aceptado, alentado y afirmado por dichas autoridades. Esto está apuntalado por dos tendencias institucionales destacables. En primer lugar, entre los altos mandos policiales existe una extendida cultura institucional favorable a brindarle deber de obediencia directa al Presidente de la República y no al Secretario de Estado del ramo, lo que, de alguna manera, cercena la estructuración de una conducción político-institucional de la seguridad pública y de la Policía Nacional en manos de las autoridades gubernamentales, al mismo tiempo que tiende a reproducir los márgenes de independencia organizacional y funcional que detenta la Policía Nacional frente a las autoridades gubernamentales. El alto mando policial considera a la Policía Nacional como una institución básica de la República que se ubica por encima de la dirección y del control de cualquier otra instancia gubernamental que no sea el Presidente de la República.”

El proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, lejos de revertir esta tendencia y práctica institucional antidemocrática, la refuerza y diluye aún más el precario control institucional que está llamado a cumplir el Ministro de Interior y Policía, responsable político inmediato de los asuntos en materia de seguridad administrativa. En efecto, al abordar el tema de la Organización y Estructura Policial en la Sección I, los artículos 10 y 11 del proyecto, la formulación presentada modifica el orden previo trazado por la Ley No. 96-04, y en lugar de señalar claramente que la ubicación orgánica de la Policía Nacional es haciendo parte del Ministerio de Interior y Policía. El proyecto se limita a enunciar que “estará adscrita” al Ministerio de Interior y Policía. El artículo 10 del proyecto excluye, deliberadamente, de la línea jerárquica ordinaria y normal, al Ministro de Interior y Policía, para el despacho de los asuntos atinentes a la institución, al tiempo de soslayar el señalamiento preciso, en la Ley vigente, de su condición de Presidente del Consejo Superior Policial. En ese sentido, haciendo una comparación entre el texto vigente de la Ley No. 96-04 y el proyecto, advertimos las diferencias siguientes:

“Art. 6.- Ubicación orgánica.- La Policía Nacional es una dependencia orgánica de la Secretaría de Estado de Interior y Policía.

Párrafo.- Mando supremo.- Al Presidente de la República, en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional, le corresponde el mando supremo de la institución y, como tal, adoptar, a través del Secretario de Estado de Interior y Policía…”

La Sección II, referente a la Estructura Organizacional, introduce una integración por niveles y órganos de gobierno interno que en esencia está dirigida a desdibujar y anular la incidencia del Ministro de Interior y Policía.

En primer término limita, por definición, la del Consejo Superior Policial, de órgano de dirección a la de simplemente “normativa.” Por otro lado, amplia su composición a unos niveles asamblearios, impidiendo cualquier tipo de gobierno o administración civil o extrapolicial de esta dependencia pública. deel cual es ampliado al extremo de que se le confieren dimensiones de asamblea. Somos del criterio, que el nivel de dirección y coordinación político administrativa que corresponde al Consejo Superior Policial, tiene sentido en la medida que funcionarios políticos, no de carrera, asuman la responsabilidad política e institucional en materia de seguridad de los habitantes y de la política criminal. De modo, que en caso de que hubiese que rendir cuentas, sea el Ministro correspondiente el responsable de ello. Así, sugerimos, que a los fines de construir una administración civil en el diseño de la política de seguridad y política criminal, que los miembros del Consejo Superior Policial sean: a) El Ministro de Interior y Policía, b) El Procurador General de la República, c) El Director (Jefe) Nacional de Policía, d) El Director Central de Seguridad Ciudadana; e) El Director de Investigaciones Criminales, y; f) El Defensor del Pueblo.

En la parte relativa a las disposiciones generales advertimos que, ex profeso, los autores de la propuesta de PLOPN sustituyen el carácter civil de esta agencia gubernativa o ejecutiva por la confusa de “naturaleza policial.[2]”

Haciendo una lectura sesgada de la Constitución de la República, y obviando que es deber de todos los poderes públicos realizar los valores, principios y derechos fundamentales, la formulación del proyecto varía el objeto de la Policía al circunscribirlo a la protección de vidas y propiedades, al tiempo de velar por el cumplimiento de las leyes. Una comparación con el artículo 2 de la Ley No. 96-04, vigente, nos muestra que el texto se empobrece en claridad y amplitud. Al enunciar el carácter de la organización, el artículo 4 del proyecto excluye señalar que es CIVIL, tal como aparece en el texto actual, artículo 3, de la Ley No. 96-04.[3]

En lo que se refiere al Plan de Desarrollo Institucional, el cual tiene un alcance estratégico, el artículo 6 del PLOPN pone a cargo de la Jefatura de la Policía Nacional su elaboración, excluyendo una vez más al Ministerio de Interior y Policía en la determinación de una política tan trascendente como la concepción de los objetivos y metas institucionales.

En el artículo 8, se alude a jurisdicción,[4] cuando lo que cabe decir es que la Policía Nacional prestará servicio efectivo en todo el territorio nacional.

El artículo 17 del PLOPN, al regular lo relativo al Director (Jefe) Nacional de Policía excluye al Ministro de Interior y Policía como responsable administrativo y político de la seguridad pública. Sigue empleando el cultural e históricamente ominoso apelativo de “Jefe” para referirse al Director Nacional de Policía. La Ley Institucional No. 96-04, establece claramente que estas funciones se ejercen bajo la autoridad del Secretario de Estado de Interior y Policía. La exclusión deliberada del Ministro de Interior y Policía, se inscribe en el propósito de mantener la cultura de no control o sometimiento a otra autoridad, episódica por demás, que no sea la del Presidente de la República.

De ahí en más, la formulación del PLOPN apuntala la concepción militarista, endogámica y encerrada sobre sí misma del cuerpo de policía denominado Policía Nacional. Ello así, en la medida que a diferencia de otros países, en los que incluso se admite que el Ministro de las Fuerzas de Defensa sea un funcionario civil, en la República Dominicana nos rehusamos a la posibilidad de que un funcionario encargado de hacer cumplir la Ley, experto en administración y seguridad pública, pueda acceder a la posición de Director Nacional de Policía.[5]

Al enunciar las atribuciones del “Jefe” de la Policía Nacional, el artículo 19 del PLOPN, excluye al Ministro de Interior y Policía, al extremo que aquel despacha directamente con el Presidente de la República, así como con otros Ministerios sin la intermediación político administrativa del Ministerio de Interior y Policía. Cabe revisar los literales g), k), l) m), o), p. En sentido general estas disposiciones tienden a invisibilizar y anular la autoridad política administrativa del Ministro de Interior y Policía.

En cuanto al sistema de control interno, al referirse al Inspector General de la Policía, como responsable del control interno, el artículo 21 del PLOPN mantiene y profundiza la distorsión que implica que el Jefe de la Policía de turno sea quien recomiende al Presidente de la República quien ha de ser designado en estas delicadas tareas. En ese sentido, cabe señalar que ello cumple al propósito de que la gestión policial, y con ello la posibilidad de corrupción y abuso, no se vean sometidos a control efectivo, dado que a estas tareas accedería siempre un recomendado, “enllave” o alter ego del Jefe.

La Dirección Central de Asuntos Internos no se concibe con el nivel de detalle que sería de desear, en tanto se mantiene el mecanismo de cooptación que implica que la selección de sus integrantes dependa de la recomendación del Jefe de la Policía. De otro lado, es notorio y llamativo que el PLOPN suprime el párrafo del artículo 13 de la Ley No. 96-04 relativo a los informes al Defensor del Pueblo.

Al definir las atribuciones y tareas de los otros niveles, asesoría, operativos etcétera, se refuerza la idea del “generalato,” ya que funciones específicas, más que idoneidad técnica y probidad, lo que exigen es ostentar el rango de oficial general.[6]

Es llamativo, que uno de los pocos mecanismos orientados a evitar la práctica de la promiscuidad funcional o fungibilidad de los funcionarios y agentes de policía, y que busca con ello promover la especialización, tal es la adscripción funcional o inamovilidad relativa, es desdeñado en el artículo 27 del PLOPN, al extremo que se suprime el párrafo del artículo 18 de la Ley No. 96-04.

2- El fortalecimiento de las capacidades de investigación y el subsistema policial

El sistema de justicia penal está llamado a solucionar los conflictos con relevancia penal a partir de la verificación de las circunstancias en que ocurrió un hecho histórico y la participación de las personas a quienes se atribuye una conducta punible.

En virtud de que repugna al Estado de Derecho el que una persona pueda ser castigada sin que antes se le haya probado su culpabilidad, a partir de un juicio basado en pruebas idóneas, se hace necesario fortalecer las capacidades de investigación del órgano acusador, a fin de que pueda avalar la pretensión punitiva estatal más allá de toda duda razonable.

La impartición de una justicia certera, pronta y cumplida no puede basarse en el manejo artesanal de legajos de papeles, procesos verbales y actas que no permiten recrear en juicio la forma y circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos objeto de examen. Para poder hacer justicia es necesario establecer la verdad de los hechos. Los hechos se establecen mediante la presentación de prueba pertinente, suficiente y admisible. De ahí que para que la prueba pueda ser considerada idónea en nuestros tribunales, tenga que ser científicamente razonable, veraz y confiable.

Resulta que la fragmentación y discontinuidad propia del procedimiento inquisitivo conllevaba el que en el subsistema policial no se apreciase la necesidad de que los jueces, considerados como terceros imparciales que no han sido testigos presenciales de los actos de investigación, sean puestos en condiciones de resolver en verdad y buen derecho los conflictos que son sometidos a su consideración. Pareciera que las agencias policiales les basta con hacer los “sometimientos”, soslayando el hecho de que la función de fundamentar y probar la pretensión punitiva corresponde al Ministerio Publico y a sus órganos auxiliares.

No se puede pretender que los jueces decidan “a verdad sabida y buena fe guardada”, a partir de un simple sometimiento, ya que nuestro ordenamiento constitucional promete que “nadie podrá ser juzgado – ni castigado – sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa.” De ahí, que se precise de una labor coordinada entre el Ministerio Publico y los técnicos investigadores policiales de modo que la investigación, cuya etapa inicial es crucial, pueda estar orientada a destruir, más allá de toda duda razonable y con estricto apego a las normas del debido proceso, la presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo imputado.

Admitidas las premisas precedentes en el sentido de que : a) los juicios tienen que estar basados en la verdad; b) la verdad de los hechos tienen que establecer a través de prueba idónea; c) es una función de la acusación y sus órganos auxiliares obtener, conservar y administrar la prueba que permita establecer la culpabilidad en juicio más allá de toda duda razonable; d) la labor investigativa y probatoria tienen que ajustarse a las normas del debido proceso y salvaguardar del derecho de defensa, conviene plantearnos las cuestiones siguientes : ¿Dónde deben estar ubicados orgánicamente los equipos técnicos de investigación criminal? ¿Qué consecuencias tiene la organización centralizada de cuerpos de policías bifuncionales, esto es, con tareas administrativas y de investigación con fines judiciales?

La respuesta a la primera cuestión sobre la ubicación orgánica de los equipos de investigación policial parecería obvia, pero el asunto no resulta tan sencillo, si tomamos en consideración las deformaciones históricas de nuestras instituciones republicanas. Dado que las tareas de investigación no constituyen un fin en sí mismas, sino que están orientadas a aportar elementos de prueba que permitan al sistema de justicia penal decidir sobre los conflictos con relevancia penal de manera objetiva y sin abuso de poder, resulta lógico y organizacionalmente conveniente que corresponda al órgano acusador la dirección y coordinación de sus equipos auxiliares de investigación.

En razón de que el modelo juicio adversarial, basado en la oralidad, inmediación y contradictorio del material probatorio, celebrado entre la acusación y la defensa ante jueces, imparciales, ponen a cargo de los fiscales la obligación de probar el contenido de la acusación, es imperativo unificar los diversos componentes de la actividad persecutoria, investigativa y probatoria en un solo órgano, esto es, el ministerio publico.

En cuanto a la segunda cuestión es oportuno señalar que la reforma y modernización del subsistema policial dentro del contexto de un sistema penal eficiente y democrático no parece ser tomado en cuenta en el referido proyecto de ley. En efecto, si bien en su articulado se regula la carrera policial, con las garantías de inamovilidad y estabilidad en la institución, no elimina la llamada promiscuidad funcional de los oficiales y agentes de policía, los cuales pueden ser destinados indistintamente al cumplimiento de tareas tanto administrativas como de investigación con fines judiciales. Las posibilidades de traslados y aun los amplios márgenes de discrecionalidad concedidos la Jefatura y al Consejo Superior Policial para determinar la separación y eventual criminalización de oficiales y agentes, no superan el actual esquema de repartición de “premios y castigos” que caracterizan a la institución. Esta forma de organización impide la especialización sistemática y la tecnificación progresiva de los equipos de investigación.

Y que es de hecho esta promiscuidad funcional. Tal como nos lo dice Rusconi, “genera serios obstáculos para el desarrollo de un sistema eficiente y garantiza de investigación de delitos. En primer lugar la tendencia autoritaria proveniente de la actividad preventiva invade a menudo las tareas de investigación procesal. En segundo lugar, las actividades preventivas a las funciones investigativas aumentando el nivel de autonomía en relación con el control del ministerio público y de la función jurisdiccional.”

El hecho de que en el referido proyecto de ley orgánica no se deslinden claramente los ámbitos de competencia, formación y dedicación del personal de policía, sino que por el contrario se enfatice en la centralización, militarización y alta discrecionalidad de los mandos superiores hacen poco plausible su congruencia con el proceso de reforma del resto del sistema de justicia penal. En este sentido cabe apuntar lo que nos dice el magistrado italiano Luigi Ferrajoli : “ podemos tener un proceso penal perfecto, pero será siempre poca si el monopolio judicial del uso de la fuerza contra los ciudadanos no es absoluto y si existe una fuerza pública que actúan sin vinculaciones legales.” Este mismo autor nos advierte que “los ordenamientos que respetan formalmente el principio de legalidad, el monopolio legal y judicial del uso de la violencia puede resultar burlado por los poderes paralelos que, en materia de libertades, concede la propia ley a las fuerzas de policía.”

Una de las principales incertidumbres del oficial recién designado es la de saber hacia dónde orientar su carrera policial, ya que tanto puede ser destinado a homicidios, personal y orden, como dirigir el personal de custodia y vigilancia de un centro penitenciario. Esta fungibilidad, la más de las veces adoptada de manera arbitraria o por simples cambios rutinarios hacen poco menos que imposible el aprovechamiento de los grandes recursos humanos con que cuenta la institución policial. De hecho, hemos observado la tendencia de que cada vez que se quiere formar un equipo eficiente en materia de investigación se segrega de la Policía Nacional propiciando su desmembramiento.

Es por ello, que los autores recomiendan que los planes de reforma del subsistema policial “procuren el desarrolla de un modelo que realice una nítida separación de funciones organizando estructuras orgánicas distintas, sistemas de capacitación que reflejen las diversas especialidades.” Todo ello, insertado en el contexto de la reforma del sistema de justicia y fortalecimiento del Ministerio Publico como órgano encargado de hacer cumplir la ley.

Como componente esencial de toda estrategia eficiente de control del fenómeno criminal, la obtención, clasificación y conservación y presentación de pruebas solidas para fundamentar la acusación no es una labor marginal o secundaria, sino que es entendida como una actividad prioritaria. De ahí que deban organizarse equipos de detectives y analistas altamente motivados que, apoyados por calificados técnicos forenses, obtengan las pruebas necesarias para que los fiscales puedan sostener con éxito la pretensión punitiva de la sociedad frente a crímenes crueles y sofisticados.

Queda claro, que la especialización de estos equipos técnicos de investigadores exige su separación, sino orgánica, cuando menos funcional con relación a la policía preventiva o uniformada. Esto así, a los fines de evitar la promiscuidad funcional o confusión de funciones que se produce cuando un técnico investigador puede ser asignado de modo rutinario o por “conveniencia en el servicio” a un departamento o tarea administrativa.

La ubicación orgánica de los equipos de investigación, o al menos su dependencia funcional, es la de hacer parte del Ministerio Publico. De este modo el órgano acusador en el sistema de justicia penal tendría la posibilidad de coordinar en la perspectiva jurídica la labor de los investigadores y contribuir al objetivo de fiscales y detectives que no es otro sino el de hacer cumplir la ley, evitar la impunidad y lograr acusaciones exitosas. Entendemos que se debe rescatar una propuesta intermedia, que si bien no separa orgánicamente a los departamentos de investigación, los mantiene en el seno de la Policía Nacional bajo la llamada Dirección Central de de Investigaciones Criminales. Así, leemos:

“Art. 27 – Dirección de investigaciones criminales. – Bajo la dirección funcional de la Procuraduría General de la Republica, la Dirección de Investigaciones Criminales se encargara de investigar los crimines y delitos y de reunir las pruebas que permitan identificar a los culpables de cometerlos y que los fiscales puedan sostener exitosamente las acusaciones ante las jurisdicciones penales, a estos fines realizaran las pesquisas y otras diligencias que sean pertinentes, observando estrictamente las leyes y normas procesales vigentes.”

A fin de evitar la perniciosa práctica de los traslados “por conveniencia en el servicio” o meramente “rutinarios”, la cual heredamos de la tiranía trujillista en su párrafo, este artículo 27 establecería:

“PARRAFO.- los miembros de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Investigaciones Criminales no podrán ser trasladados ni separados de sus unidades ni de las investigaciones que realicen, sino y solo mediante orden motivada basada en su mal desempeño o incompetencia debidamente comprobada. En todo caso, el traslado o reasignación de funciones deberá contar con la aprobación expresa del Procurador General de la Republica cuando se trate de funcionarios de nivel superior o ejecutivo y del procurador Fiscal correspondiente cuando se refiera a un detective de nivel básico”

Como se puede advertir, esta norma, además de favorecer la vinculación funcional entre fiscales, oficiales investigadores (o detectives) y técnicos forenses, promueve la especialización y fortalecimiento de la capacidad de investigación y prueba en materia de control del fenómeno criminal. Esto permitirá formar y brindar estabilidad a miles de funcionarios y agentes de policías, de modo que puedan no solo reaccionar ante los delitos ya cometidos, sino que por estabilidad relativa en el ámbito de la investigación criminal les sea dable desarrollar labores de inteligencia y diagnosticar el estado de la actividad criminal.

3- La necesaria desmilitarización de las agencias de seguridad pública

La diversa naturaleza de las tareas que deben desarrollar las agencias de policía y las fuerzas de defensa, obligan a diferenciar claramente la visión, la misión, las funciones, y las tareas de una y otra institución.

En un contexto democrático, en el cual se supone superada la doctrina de seguridad nacional vigente durante la guerra fría, donde la persecución, control y aniquilamiento del “enemigo interno” constituyo la razón de ser de nuestros cuerpos de seguridad, incluida la policía, se hace necesario establecer un nuevo paradigma axiológico de la función de protección y servicio de los habitantes.

La labor de aproximación y gestión de conflictividad social, con la posibilidad del empleo de la violencia, no puede ser visualizada en términos belicos. Una de las grandes asignaturas pendientes del estado de Derecho en el ámbito Latinoamericano consiste precisamente en salvaguarda a la población de la posibilidad del uso caótico, arbitrario y excesivo de la violencia. La aparición de doctrinas y políticas de seguridad publica basadas en un supuesto “estado peligroso” o las teorías de la “peste” social, han servido de ariete para la vigencia de un verdadero “derecho penal paralelo.”

De hecho las corporaciones policiales, cuyos discursos moralizantes se alejan del paradigma constitucional, sobre la base de un mal entendido concepto de orden público y apuntalados por las llamadas “campañas de ley y orden” , cometen los mayores desafueros en una pretendida “guerra contra la criminalidad.” El incremento de la espiral de violencia no conduce sino a un aumento en los niveles de inseguridad ciudadana.

En ese mismo orden, el proceso de selección, formación y entrenamiento del personal destinado a integrar el cuerpo de funcionarios y agentes de policía favorece la tendencia corporativa como resultado de un entrenamiento a puertas cerradas, en la medida que se verifica una falta de participación de la comunidad en el diseño y dictado de los cursos de formación y la no incorporación o lo limitado del contenido curricular en materia de derechos humanos y libertades públicas. Lo mismo que la integración de esos valores o referentes axiológicos a los criterios de evaluación de desempeño, promoción y ascensos en al carrera.

Así, observamos como este proceso de “policizacion” va transformando a la persona que ingresa a la institución en un individuo aislado del resto de la comunidad, donde la fuerza física, la pretendida disciplina de corte castrense y la destreza en el uso de las armas son los elementos principales de diferenciación con relación a otros ciudadanos. En esta formación, estrechamente vinculada a las doctrinas de seguridad nacional, predominantes durante la guerra fría, conduce a que en su generalidad el policía adopte la visión de amigo – enemigo, en la que el funcionario encargado de hacer cumplir la Ley pasa a ser temido por los ciudadanos a los que ha de servir. Su único punto de referencia, a partir del distanciamiento que se opera en relación con su grupo de origen, es el cuerpo oficial, cuyos supuesto valores están fuertemente impregnados por prejuicios en relación a todo lo que sea civil, incluyendo la así denominada justicia “ordinaria”.

Cabe advertir, que la formación militar y la misión misma de las fuerzas de defensa exigen que la proyección de poderío pueda servir como disuasivo frente al enemigo. La función de las agencias de policía es diametralmente opuesta, en razón de que su objetivo es ganar la confianza, la comprensión y el respeto mutuos de la población a la cual sirve.

El hecho de que históricamente nuestro cuerpo policial sea militarizado no significa que no debamos dar el paso que ya se ha verificado en otros países en los cuales las agencias de policía están estructuradas jerárquicamente, pero al mismo tiempo son descentralizadas y flexibles, lo que permite una mejor aproximación con los problemas de las comunidades y una relación de mutua cooperación entre la policía y las comunidades.

El proyecto de ley, lejos de abandonar, refuerza la organización militarizada de la Policía Nacional, estableciendo que para determinadas funciones solo se puede acceder siendo oficial general.

4- El establecimiento de sistemas de evaluaciones y control

El Estado tiene entre sus funciones esenciales la de proveer el servicio público de seguridad de los habitantes. A estos fines las diversas sociedades han creado agencias o cuerpos más o menos centralizados para acometer, en coordinación con otras instituciones, esa misión. Planteada la necesidad de que existían custodios para prevenir y gestionar, en una primera línea, los conflictos que alteran de modo significativo la vida en comunidad, surge la cuestión de sabes ¿Quién custodia a los custodios? La respuesta a esta interrogante nos la dan los controles horizontales y verticales de los órganos públicos, conforme los principios de separación y distribución de poderes elaborados por los pensadores liberales que consideraron que el poder debía controlar el poder.

Como se puede apreciar, cuando se instituye una autoridad para hacer cumplir la ley y se le confieren facultades ejecutivas, aparece la necesidad correlativa de establecer mecanismos de control de rendición de cuentas internos y externos con relación a estas corporaciones o agencias estatales. El sistema de frenos y contrapesos del poder, implica que exista una distribución de funciones y que nadie escapa la supervisión por parte de otra instancia, siendo el pueblo, mediante los diversos mecanismos de participación, el que tenga la última palabra al evaluar los actos de los gobernantes.

Si bien el proyecto de Ley mantiene el denominado Consejo Superior Policial, su composición, junto a la reintroducción de la “tribunales de justicia policial,” bajo la denominación de “jurisdicción policial,” por oposición a los Tribunales de la República, hacen que la aspiración del control civil (congresual, judicial, municipal, comunitario), sobre las fuerzas de policía sea prácticamente nulo.

Es inaceptable el que puedan existir aparatos con semejante capacidad de uso de la violencia “legítima” al margen del control de otros poderes públicos o comunitarios.

El establecimiento de controles internos y externos es imperativo para disminuir la excesiva violencia policial y que hoy plantea un serio cuestionamiento a la vigencia de un Estado de Derecho en el país. En este campo el PLOPN, no sólo nos ofrece una ilusión burda, sino que resulta engañoso y es, desde todo punto de vista, mejorable.

Esta resistencia y vocación autonómica se verifica cuando la jerarquía policial manifiesta “nosotros los apresamos y “la justicia” los suelta.” De modo que se asume el “nosotros” como algo distinto al sistema de justicia penal.

Cfr. Proyecto Sometido por la Comisión Presidida Por Don César Peralta en el año 2001, el cual rezaba así: “Artículo 1.- Naturaleza.- La Policía Nacional es una institución especializada permanente del Estado, apolítica, apartidista, y de naturaleza puramente civil (…)” Este texto normativo claro fue modificado por el confuso concepto de naturaleza policial, en el trámite legislativo de la que vino a ser la Ley No. 96-04, merced al poder de veto ejercido sobre nuestro Congreso por parte de la jerarquía policial.

La Ley vigente No. 96-04, en su artículo 3, establece: Art. 3.- Carácter.- La Policía Nacional es una organización civil, al servicio de la ciudadanía…” Mientras que el PLOPN se omite el carácter, el cual se deviene en invisible, así leemos: “Artículo 4.- Carácter.- La Policía Nacional es una organización ( ) al servicio de la ciudadanía…”

El concepto de jurisdicción remite a la acción de decidir o decir el derecho. La “Juris dictio,” como tal es predicable de los jueces.

Es común que en países con un alto nivel de institucionalidad, la dirección de la seguridad pública se encargue por concurso público a expertos en la materia, quienes mediante contrato por resultados u objetivos, verificables periódicamente se obligan a dirigir la fuerza de policía, bajo la conducción política del alcalde o ministro, según el caso, a los fines de responder a las amenazas a la seguridad.

De cara a la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como la planificación estratégica planteada para las FF. AA., por ejemplo, en donde se procura eliminar las distorsiones y macrocefalia de las fuerzas de defensa, limitando el número de generales a la veintena, en el PLOPN se aplica una lógica inversa, esto es, la que favorece el generalato y la militarización de la política de seguridad.

Cabe leer el informe de Amnistía Internacional “Cállate, si no te mato,” el cual retrata al realidad cotidiana de un uso criminal, ilegal y arbitrario de la violencia letal, bajo la égida de las campañas de Ley y orden o de “guerra sin cuartel” contra la delincuencia.

FINJUS expresa preocupaci�n por debilidades institucionales en la lucha contra el Lavado de Activos.

2012-01-12

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) expresó su preocupación en torno a las debilidades institucionales en la prevención y persecución relacionados con el crimen del lavado de activos que se desprenden de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la reciente subasta de los relojes incautados a Figueroa Agosto.

De acuerdo a los datos que aparecen en los medios locales, FINJUS señaló que es altamente cuestionable que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos no verifique previamente el origen de los fondos de quienes serían los adquirientes de los bienes subastados. “Pues cuando se verifica el pliego de condiciones exigido a quienes participarían en la subasta, puede advertirse que no se requiere una certificación de impuestos internos para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La Declaración de Impuestos debería ser lo primero que se exija a una persona que quiera ser adquiriente de un bien subastado por el Estado”, manifestó el Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

El cumplimiento de las obligaciones fiscales constituye un instrumento importante para la lucha contra el lavado de activos, pero lamentablemente no ha sido utilizado de manera apropiada para tales fines. En la actualidad, la Dirección General de Impuestos Internos se ha constituido exclusivamente en un órgano recaudador de recursos y su labor de policía se ha centrado casi exclusivamente en los usuarios ya registrados. Sin embargo es de conocimiento general que existe toda una gama de actividades económicas, que manejan mucho dinero a la vista de todos, sin estar sujetos a la regulación impositiva y sin que nadie les exija cuentas. Es hacia esos sectores que debemos reforzar la vigilancia, porque al carecer de cuentas claras, son más proclives a convertirse en instrumentos de lavado de capitales mal habidos.

Las implicaciones que se derivan de este tema plantean una reforma estructural de la DGII para que, sin afectar su función recaudadora, se fortalezca su función de órgano auxiliar de investigación en infracciones económicas, como el lavado de activos. La declaración de impuestos debe convertirse en uno de los instrumentos esenciales para verificar la legalidad de los bienes en cualquier proceso judicial. Pero además permite identificar posibles fraudes e inconsistencias en declaraciones juradas, lo que demuestra su utilidad para prevenir la corrupción administrativa.

FINJUS propone al Procurador General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público que empiecen a adoptar políticas de persecución contra la criminalidad económica que aprovechen con mayor eficiencia la DGII. Esto podría acompañarse de una reforma legal que viabilice una comunicación más intensa entre la DGII y el Ministerio Público, al igual que una reforma de la Ley de Lavado de Activos. El Ministerio Público es el órgano que adopta la política criminal del Estado y, por consiguiente debe jugar un rol más proactivo en la lucha contra el lavado de activos y en la coordinación de los esfuerzos interinstitucionales que permitan eficientizar su persecución.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

11 de enero, 2011

Declaraci�n FINJUS Dia del Poder Judicial 2012

2012-01-10

Declaración FINJUS Dia del Poder Judicial 2012

Carta enviada al Senado de la Rep�blica sobre CPP

2011-12-06

Honorable Señor Presidente del Senado:

En fecha reciente, la Cámara de Diputados aprobó una modificación del Código Procesal Penal, (CPP) que ha provocado una honda y justificada preocupación en múltiples organizaciones, sectores sociales y juristas destacados, por las implicaciones que contienen sus disposiciones. FINJUS, como entidad inspirada en el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática, desea compartir con Ud. y por su intermedio, con los honorables Senadores de la República, algunos planteamientos que le agradeceremos sean tomados en consideración al momento de la ponderación del proyecto aprobado en la Cámara Baja.

La adopción del CPP significó en su momento la transformación legislativa más importante en la justicia penal dominicana después de la reforma constitucional de 1994. Supuso el abandono de un modelo de enjuiciamiento penal con rasgos inquisitivos y su sustitución por un ordenamiento procesal penal de corte acusatorio. Con la puesta en vigencia del CPP en el 2004 se inicia una nueva etapa en la justicia penal dominicana, porque sus disposiciones desarrollan con rigurosidad principios, derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por el Estado dominicano. Actualmente el CPP, como modelo de enjuiciamiento penal acusatorio, resultó relegitimado a partir de la constitucionalización de la mayoría de sus “principios fundamentales” en la reforma constitucional proclamada el 26 de enero de 2010.

La reforma constitucional del 2010 incorporó avances en materia de garantías penales, al otorgar expresamente “rango constitucional” a los tratados internacionales sobre derecho humanos como base del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, en los últimos años se ha observado en sectores ligados al sistema de justicia, la renuencia a incorporar en el análisis jurídico y político la falta de coherencia entre los principios constitucionales y las normas legales, lo que es más que evidente en el caso del CPP.

Esta situación facilitó que la Cámara de Diputados haya aprobado una reforma al CPP que incorpora elementos que chocan frontalmente con principios y valores que están consagrados en la Constitución y el bloque de constitucionalidad que nos rige. Por ello FINJUS, como institución comprometida con el respeto de la supremacía de la Constitución, se ve compelida a reaccionar con responsabilidad para señalar al país que la reforma al CPP aprobada por dicha Cámara recientemente contiene elementos que entran en conflicto con disposiciones del bloque de constitucionalidad por una parte y que resultarán contraproducentes con la eficiencia que supuestamente busca dicha reforma.

En la reforma del CPP realizada por la Cámara de Diputados se mezclan aciertos modestos con graves desaciertos. En una radiografía de los cambios aprobados encontramos un conjunto de disposiciones claramente inconstitucionales; otras reformas vulneran los derechos de las víctimas, y un tercer tipo podrían afectar la eficacia del sistema penal.

Son aciertos moderados y necesarios la reforma del sistema de recursos o el reconocimiento del derecho ciudadano a querellarse disciplinariamente y/o demandar civilmente a jueces y fiscales que comentan faltas en el ejercicio de sus funciones, porque esto faltó en el CPP al momento de ser aprobado en 2002. Pero incluso en estos aspectos se deber tener cuidado y los mismos deben ser revisados con mayor detenimiento en el Senado de la República para corregir algunos errores menores.

Pero los desaciertos graves son numerosos y su efecto puede ser de gran repercusión para el sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la nueva Constitución. En lo que sigue, nos limitaremos a señalar brevemente algunos ejemplos de los tres grandes tipos de incoherencias y errores que detectamos en las reformas al CPP y que deberán ser objeto de una cirugía mayor en el Senado.

a. Se incorporan disposiciones que violan el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 69.3 de la Constitución y que tienden a desnaturalizar el carácter excepcional que el artículo 40.9 constitucional asigna a las medidas de coerción en general y a la prisión preventiva en particular.

De hecho, la reforma del CPP instaura la PRESUNCION DE CULPABILIDAD del imputado, pues esto es lo que ocurre al analizar el contenido de los numerales 3, 7, 8, y 6, parcialmente, que modifican el artículo 229 del CPP. De acuerdo a esta modificación, si el imputado tiene condenas anteriores graves, o el hecho que se imputa y la magnitud del daño ocasionado a la víctima y la sociedad es muy grave, al imputado se le impondrá la medida de prisión preventiva. De esa manera se desconoce la naturaleza cautelar de las medidas de coerción, atribuyéndole a la prisión preventiva fines retributivos que corresponden exclusivamente a la sanción penal.

Otra disposición inconstitucional es el último párrafo agregado al artículo 234 del CPP, cuando “sugiere” al juzgador imponer preferentemente la prisión preventiva en infracciones cuya pena máxima sea igual o mayor de veinte años de reclusión. No importa que la Constitución, en su artículo 40.9 disponga que la prisión preventiva sea de carácter excepcional y, por tanto, que solo pueda ser impuesta por el juez cuando el caso concreto lo amerite y a solicitud de parte interesada. Pretender que el juzgador disponga potestativamente la prisión preventiva significaría también UNA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES que consagra el artículo 4 constitucional y del PRINCIPIO ACUSATORIO contenido implícitamente en el artículo 169 de la Constitución.

RESULTA DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD EL AUMENTO DEL PLAZO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA A VEINTICUATRO MESES como dispone la reforma del artículo 241 del CPP. Pues si la prisión preventiva debe ser de naturaleza excepcional, el plazo de su duración no puede ser asimilable por su duración a una pena. Esto podría reforzar la utilización indebida de la prisión preventiva como una especie de pena anticipada, puesto que actualmente más del 60% de los internos del sistema penitenciario no tiene una sentencia de condena definitiva, con lo que se invierte el principio de la presunción de inocencia. Con una prisión preventiva de dos años, el juicio no se utilizaría para decretar la responsabilidad del imputado, sino para verificar que no se haya cometido un error grave con el ya “sancionado”.

b. Se establecen disposiciones que afectan el derecho la tutela judicial efectiva de la víctima, al requerir su intervención en el proceso aunque no manifieste su voluntad para esto o, contradictoriamente, cuando sí ha manifestado su voluntad constituyéndose en querellante, se limita la autonomía efectiva de su acusación.

Las modificaciones que se realizan en el numeral 7 del artículo 84 del Código parecieran establecer el carácter compulsivo de la participación de la víctima en el proceso, al requerir que deberá ser oída aunque no lo solicite. La participación de la víctima en el proceso penal es voluntaria, y solo cuando ésta lo requiera su intervención en el proceso es exigible. Lo contrario implicaría violentar la autonomía de la voluntad de una víctima que ha decidido no participar en el proceso penal. La reforma del artículo 101 del CPP permitiría a la víctima, en caso de rebeldía del imputado, demandar la reparación civil por ante la jurisdicción civil, pero el legislador no previó que esto podría entrar en contradicción con reglas ordinarias del proceso civil, con lo cual se mantendría el proceso en estatus suspendido hasta la resolución de la causa penal, y, por tanto, debió establecerse claramente que en estos casos no tiene aplicación la regla de que lo penal mantiene lo civil en estado.

Pero el más grave atentado a la tutela judicial de las víctimas proviene del numeral 9 del artículo 84 artículo, reforzado por el párrafo final del artículo 85 modificado del CPP, pues la actuación autónoma de la víctima como querellante se restringe exclusivamente a los casos de acción pública a instancia privada. En otras palabras, A LA VICTIMA QUERELLANTE SE LE QUITA LA CAPACIDAD DE PROMOVER AUTONOMAMENTE SU ACUSACIÓN EN LOS CASOS DE ACCIÓN PÚBLICA, que son los más graves, porque la reforma del CPP deja al Ministerio Público con la potestad de archivar, desistir o detener la persecución a su único criterio. El derecho de acusar de las víctimas constituidas en querellante pierde toda efectividad si éstas no pueden impulsar su acción con autonomía total de los dictámenes del Ministerio Público. ESTO PODRÍA GENERAR UNA GRAN POSIBILIDAD DE IMPUNIDAD EN EL SISTEMA PENAL porque el Ministerio Público no contará con los controles de la víctima cuando decida no ejercer la acusación penal. En las disposiciones actuales del CPP, sin esta modificación engañosa existen elementos implícitos que permiten a los jueces penales reconocer a la víctima querellante la plena autonomía de su acusación en todos los casos, por lo que LA PRETENDIDA REFORMA CONSTITUYE UNA ESTOCADA MORTAL AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL DE LAS VÍCTIMAS.

c. Se introducen disposiciones que podrían ser fuente de complicaciones prácticas en el funcionamiento de la justicia penal, con repercusiones no sólo en la garantía de los derechos fundamentales, sino en la eficacia del sistema penal.

Esto es lo que ocurre con los incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 34 que impiden la utilización de criterios de oportunidad en casos de violación a la ley de drogas y en las infracciones relativas al porte y tenencia y armas de fuego. La distinción aquí contenida violenta los artículos 39, 69.3 y 40.9 de la Constitución, esto es, lo relativo al principio de igualdad, la presunción de inocencia y el principio de que la libertad es la regla y la prisión la excepción. Esto además atenta contra la facultad que el artículo 169 de la Constitución asigna al Ministerio Público para formular e implementar la política contra la criminalidad, pues la utilización de los criterios de oportunidad son instrumentos valiosos para que los fiscales prioricen las políticas de persecución a los casos más graves o que causan mayor perjuicio a la comunidad. Esto último no debería afectar el derecho de la víctima querellante para acusar si el Ministerio Público decide aplicar un criterio de oportunidad. Los condicionamientos que el legislador imponga a la política criminal del Ministerio Público en el caso de los criterios de oportunidad no pueden recaer subjetivamente sobre determinados tipos penales, sino objetivamente sobre la cuantía de la pena imponible u otros criterios objetivamente verificables.

Otro desacierto cometido en la reforma del CPP es la modificación del artículo 179, sobre el horario para practicar los allanamientos, pues la propuesta es más restringida que la contenida en el texto vigente, que permite realizar allanamientos en horas de la noche “cuando el juez lo autorice de modo expreso mediante resolución motivada”. La introducción de tipos penales como el narcotráfico, secuestro y terrorismo convierte en regla lo que son aspectos excepcionales, sin la aparente necesidad de la autorización judicial expresa para allanar moradas en horas de la noche en este tipo de casos, y esto no resiste un cotejo con los principios del bloque de constitucionalidad, por lo que toda actuación en ese sentido podría ser declarada inconstitucional.

La redacción actual del CPP en este aspecto es lo suficientemente amplia para englobar toda eventualidad posible, pues podrían requerirse allanamientos nocturnos por ejemplo en casos de trata y tráfico de menores o para decomisar cargamentos de medicamentos falsificados, y se encuentran a su vez limitados por la intervención del juez, de manera que las autoridades persecutoras no podrán abusar de éstos, como sí podría ocurrir si se aprueba definitivamente en la forma que lo reformó la Cámara de Diputados.

En FINJUS hemos promovido principios y mecanismos que aseguren que el sistema de justicia penal sea efectivo, accesible y coherente con el Estado Social y Democrático de Derecho que norma nuestra Constitución. La realidad objetiva es la que debe imponer los cambios, no solo en el CPP, sino en toda la normativa. Necesitamos reformas animadas por el establecimiento de marcos legales para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de las víctimas. Pero para conseguir esta loable tarea, en el contexto de una democracia constitucional como la nuestra, NO SE VALE TODO, pues la Constitución ha establecido límites al poder penal del Estado para garantizar la libertad de las personas y, por tanto, el legislador no puede desbordar esos límites para procurar una mejoría de la seguridad colectiva.

En FINJUS apoyaremos todas las reformas legales que nos garanticen mayor eficacia en la persecución del delito. Pero muchos sectores e instituciones sociales coincidimos en la idea de que se requieren transformaciones rigurosas en los órganos encargados de la investigación y una reforma profunda de todo el sistema de seguridad pública. El corazón de la crisis de la seguridad ciudadana es el resultado múltiples factores entre los que podrían destacarse las debilidades de las políticas de seguridad democrática y el injustificado retardo en el adecentamiento y la tecnificación del aparato policial, entre otros muchos aspectos.

FINJUS hace un llamado al Honorable Senado de la República, por su intermedio, para que en el marco de la actuación serena y la consideración adecuada de los temas de Estado que ha predominado en sus iniciativas, realice una revisión exhaustiva del proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal aprobado en la Cámara de Diputados, y le incorpore los cambios necesarios para que las reformas que finalmente se produzcan no solo gocen del favor popular sino que estén ajustadas a los principios constitucionales, así como a parámetros de eficiencia y eficacia en el sistema de justicia penal y que, en definitiva, contribuyan a afianzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Servio Tulio Castaños Guzmán,

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

FINJUS plantea reforma al C�digo Procesal Penal contiene disposiciones inconstitucionales

2011-12-05

La adopción del Código Procesal Penal (CPP) significó en su momento la transformación legislativa más importante en la justicia penal dominicana después de la reforma constitucional de 1994. Supuso el abandono de un modelo de enjuiciamiento penal con rasgos inquisitivos y su sustitución por un ordenamiento procesal penal de corte acusatorio. Con la puesta en vigencia del CPP en el 2004 se inicia una nueva etapa en la justicia penal dominicana, porque sus disposiciones desarrollan con rigurosidad principios, derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por el Estado dominicano. Actualmente el CPP, como modelo de enjuiciamiento penal acusatorio, resultó relegitimado a partir de la constitucionalización de la mayoría de sus “principios fundamentales” en la reforma constitucional proclamada el 26 de enero de 2010.

RESULTA DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD EL AUMENTO DEL PLAZO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA A VEINTICUATRO MESES como dispone la reforma del artículo 241 del CPP. Pues si la prisión preventiva debe ser de naturaleza excepcional, el plazo de su duración no puede ser asimilable por su duración a una pena. Esto podría reforzar la utilización indebida de la prisión preventiva como una especie de pena anticipada, puesto que actualmente más del 60% de los internos del sistema penitenciario no tiene una sentencia de condena definitiva, con lo que se invierte el principio de la presunción de inocencia. Con una prisión preventiva de dos años, el juicio no se utilizaría para decretar la responsabilidad del imputado, sino para verificar que no se haya cometido un error grave con el ya “sancionado”.

FINJUS hace un llamado al Senado de la República para que, en el marco de la actuación serena y la consideración adecuada de los temas de Estado que ha predominado en sus iniciativas, realice una revisión exhaustiva del proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal aprobado en la Cámara de Diputados, y le incorpore los cambios necesarios para que las reformas que finalmente se produzcan no solo gocen del favor popular sino que estén ajustadas a los principios constitucionales, así como a parámetros de eficiencia y eficacia en el sistema de justicia penal y que, en definitiva, contribuyan a afianzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Servio Tulio Castaños Guzman,

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

5 de diciembre, 2011

Impasse en JCE preocupa a la sociedad civil

2011-12-02

http://www.elcaribe.com.do/2011/12/02/impasse-jce-preocupa-sociedad-civil

FINJUS- Editorial List�n Diario

2011-11-29

Finjus-una-clarinada-oportuna

Constituci�n Comentada

2011-11-21

Constitucion Comentada.pdf

Imagenes de la Entrega de la Constituci�n Comentada al Presidente de la Rep�blica

2011-11-11

FINJUS- Primera Conferencia Nacional en Derecho Procesal Constitucional

2011-11-04

PONDERACION DE LA OBRA: COMENTARIOS A LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES

Por Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

En los últimos años, una de las principales prioridades del régimen democrático dominicano, ha sido el fortalecimiento de la justicia constitucional. La jurisdicción constitucional constituye el principal instrumento de garantía para la efectiva realización de los principios de supremacía e integridad de la Constitución, de las bases del sistema democrático y del orden de valores que conforman el Estado de derecho.

Es por esto que la adopción, en el marco de la reforma constitucional, de un Tribunal Constitucional con carácter autónomo e independiente constituyó un paso trascendental para impulsar las grandes transformaciones institucionales que ordena la Constitución y garantizar los derechos fundamentales de todos los habitantes del país.

El Tribunal Constitucional es “el intérprete supremo de la Constitución”, de lo que se infiere que deberá convertirse en el núcleo de ponderación de los problemas del sistema de poderes; no sólo por la posición institucional que le reserva la Constitución, sino también por la correcta visión de situarlo en el centro del sistema político como el árbitro que habría de buscar el difícil equilibrio entre el Derecho y la Política.

La Pretensión del constituyente de conferir la mayor eficiencia al órgano de control de constitucionalidad es claramente observable cuando se le reserva el poder de emitir decisiones con carácter vinculante para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Y esto significa, como bien ha apuntado Cristóbal Rodríguez Gómez, en la Constitución Comentada que FINJUS puso en circulación el día de ayer, que “las decisiones rendidas por el Tribunal Constitucional son normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico”.

Y, aún más, que “las normas derivadas por vía jurisprudencial de los enunciados normativos contenidos en la Constitución tienen al mismo tiempo rango constitucional”.

La FINJUS siempre estuvo consciente de que para fortalecer la justicia constitucional se requería elaborar un instrumento normativo que sistematizara todas las garantías y mecanismos de protección de los derechos fundamentales y los otros procesos y procedimientos constitucionales, porque la dispersión normativa no facilita el afianzamiento de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales.

Por eso, mucho antes –incluso– de las consultas populares de la reforma constitucional, en FINJUS integramos una comisión de juristas, coordinada por Eduardo Jorge Prats, que se encargó de elaborar los Anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucional, que a partir de la creación del Tribunal Constitucional, fue reestructurado completamente y sometido a la consideración del Poder Ejecutivo.

Es ese proyecto, enriquecido con la visión de la Comisión de Expertos del Ejecutivo, el que finalmente es sometido a la consideración de las Cámaras legislativas, y, fortalecido con los aportes del Congreso, es aprobado como Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimiento Constitucionales.

Esta Ley inicia su desarrollo con la definición de su ámbito de aplicación y el conjunto de “principios rectores” que servirían de directrices generales para la aplicación e interpretación de los procesos y procedimientos constitucionales. La iniciativa legislativa aborda de manera integral los procesos y procedimientos constitucionales de tutela y protección de los derechos fundamentales, con la sola excepción del habeas corpus, regulado en el Código Procesal Penal.

Particularmente merece destacarse la regulación del amparo, ya que se reelaboraron las disposiciones contenidos en la derogada Ley de Amparo en cuanto a su régimen ordinario, y luego se regulan los procedimientos de algunos amparos especiales que se desprenden explicita e implícitamente de la Constitución.

Se abordan los procesos y procedimientos que deberá conocer el Tribunal Constitucional, poniendo especial énfasis en la regulación de la acción concentrada en inconstitucionalidad, para lo cual se normativizan las buenas prácticas de la tradición dominicana y se regula un procedimiento de revisión de sentencias a la luz de las exigencias del artículo 277 constitucional.

Es evidente que la existencia de un Tribunal Constitucional con capacidad para adoptar decisiones con carácter general y vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado, obliga a crear mecanismos de contacto entre éste y el Poder Judicial para garantizar el principio de igualdad en la aplicación del derecho y la seguridad jurídica.

Es por esto que saludamos que el régimen de la justicia constitucional permita que la responsabilidad básica de garantía de los derechos fundamentales corresponda al Poder Judicial, y al Tribunal Constitucional se le entreguen potestades de control para que sus decisiones sirvan de brújula que guíe la aplicación de la Constitución por los jueces ordinarios.

Por eso, comprender el rol que deberá jugar el Tribunal Constitucional en el sistema de garantías constituciones, constituye una de las necesidades primarias de la comunidad jurídica.

La obra de Eduardo Jorge Prats constituye un valioso aporte para el entendimiento del contenido de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, no solo desde perspectiva jurídica local, sino que también tiene una dimensión comparada, porque se nutre de una importante la línea doctrinaria internacional para una mejor comprensión de las instituciones jurídicas en las que aun no tenemos precedentes, lo que garantizará una mayor edificación de todos aquellos que tengan la necesidad de estudiar el derecho procesal constitucional dominicano.

Auguramos, por tanto, que esta obra se constituirá en instrumento indispensable en el área jurídica para la compresión de las bases institucionales de la justicia constitucional dominicana.

En esta obra jueces y aplicadores del derecho, los académicos, los abogados en ejercicio, los reformadores, los estudiantes, y la ciudadanía en general, encontraran respuestas a muchas de las interrogantes e inquietudes que surgen de un novedoso instrumento como es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

Se puede afirmar que la misma viene a propiciar un espacio de discusión y de diálogos constructivos y edificantes. Este aporte individual de Eduardo Jorge Prats, y la contribución colectiva de la Constitución Comentada que FINJUS puso en circulación el día de ayer, constituyen las obras más importantes, hasta el momento, para comprender las bases normativas del nuevo régimen constitucional dominicano.

A los que necesariamente se han de sumar importantes manuales y monografías especializadas en derecho constitucional que han visto la luz en los últimos meses, campo en cual, Eduardo Jorge también tiene un aporte destacable.

La puesta en circulación de esta obra en este momento es una decisión inteligente, pues el país se encuentra inmerso en un momento clave, crucial y determinante para la justicia constitucional, ya que en estamos en proceso de elección del Tribunal Constitucional. Y, por tanto, desde ya contamos con un instrumento que facilitará a los futuros integrantes de esa Alta Corte el conocimiento específico de los procedimientos contenidos en la Ley que deberán aplicar.

4 de noviembre, 2011.

FINJUS PONE EN CIRCULACI�N CONSTITUCI�N DOMINICANA COMENTADA

2011-11-03

Presentación Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

Deseamos nuevamente expresar nuestro agradecimiento a todos Uds. por haber aceptado nuestra invitación a participar en la puesta en circulación de la Constitución Comentada 2010, que la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) ha auspiciado. Y que presenta esta noche a la comunidad jurídica y a las instituciones nacionales.

A lo largo de los últimos meses FINJUS ha concentrado buena parte de su labor permanente en la difusión y análisis de la Constitución proclamada el 26 de enero del año pasado, convencidos de que se trata de una herramienta fundamental para impulsar nuestra cohesión social y establecer los mecanismos idóneos para enfrentar los retos que la economía y la política producen de manera regular.

La Constitución representa, mediante las múltiples dimensiones que la determinan, la síntesis más abarcadora de las aspiraciones y del compromiso que unen a la sociedad y el Estado para enfrentar una etapa histórica de su desarrollo.

Constituye una plataforma compleja que permite cohesionar intereses contrapuestos en un marco legal e institucional común, rodeado de valores, principios y expectativas consensuadas.

Por esto una Constitución digna de tal nombre ha de encuadrar la acción de los poderes públicos para el logro de los objetivos sociales e históricos que le dan sentido al pacto social y permite a todas las personas que habitan en su territorio adecuar su comportamiento individual y colectivo a las normas que de ellas se derivan.

De ahí que resulte primordial la existencia de un ambiente de reconocimiento y respeto de las reglas propias del Estado de derecho para asegurar la calidad de nuestras instituciones y de la vida democrática en sentido general.

La Constitución del 2010 ha ampliado en muchos sentidos el horizonte del Estado dominicano, porque redefine los derechos fundamentales e incluye principios y valores sustanciales que deben ser el nuevo punto de referencia para cada una de las políticas, programas y proyectos públicos o las iniciativas que se encaminen desde los sectores sociales.

Por esto, si se adoptan las medidas necesarias y se adecuan las leyes y prácticas vigentes, existen mejores oportunidades para avanzar en el camino de una democracia más participativa e instituciones con mejores posibilidades de cumplir con sus metas y propósitos.

Pero todo lo anterior solo puede ser encarado con éxito, en la medida en que la sociedad como un solo cuerpo se involucre en la adecuada implementación de los cambios que la nueva Constitución introduce.

Hacer efectivos los derechos y garantías consignados, vigilar la correcta actuación de los poderes públicos de acuerdo a los límites que impone la Carta Magna y propiciar un ambiente de diálogo y búsqueda de consensos sociales que aseguren la estabilidad, la convivencia pacífica y el respeto de nuestro ordenamiento democrático representan los más grandes retos en la actualidad.

Para asegurar este propósito la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), acorde con nuestra misión de ser un centro dedicado a la difusión y producción de conocimientos sobre la realidad institucional y jurídica nacional, se comprometió a promover la discusión de los aportes y características de la reforma a la Carta Magna, en todos los niveles. De esta forma auspiciamos encuentros con legisladores para analizar la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo, desarrollamos el programa especializado de televisión Siguiendo los Pasos a la Reforma Constitucional y auspiciamos la transmisión en vivo del acto de Proclamación el 26 de enero de 2010.

Esto explica nuestro interés constante, desde el mismo momento de la proclamación, de emprender la tarea de elaborar un texto, que en forma resumida, permitiera conocer su contenido y principales novedades.

De allí nace la Constitución Comentada 2010, un esfuerzo colectivo en el que, de manera pionera, confluimos 21 juristas dominicanos de diferentes generaciones, y trazamos las primeras pistas para la comprensión del alcance y significado de la reforma constitucional.

Esta iniciativa surge del interés de la FINJUS de poner en manos de la comunidad jurídica, y en especial de las organizaciones y organismos de la sociedad dominicana, un instrumento accesible, con rigor metodológico y profundidad teórica, que ayude a comprender las bases doctrinarias y teóricas de la nueva Carta Magna.

Expresamos por este medio nuestro sincero agradecimiento a quienes aportaron sus valiosos conocimientos para hacer realidad su producción: ellos son los distinguidos juristas: Milton Ray Guevara, Flavio Darío Espinal, Eduardo Jorge Prats, Carlos Salcedo, Domingo Antonio Gil, José Alberto Cruceta, Pedro Balbuena, Claudio Aníbal Medrano, Rosalía Sosa, Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez, Erick Raful, Belarminio Ramírez, Félix Damián Olivares, Ramón Emilio Núñez, Nassef Perdomo, Miguel Valera, Omar Victoria, Manuel Valerio y Félix Tena.

La alta calidad de este texto es el resultado directo de sus capacidades y FINJUS les agradece la confianza de colocarnos como el canal para su divulgación.

Asimismo expresamos nuestro agradecimiento a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por facilitar la publicación de esta obra, en el marco del Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia.

La esperanza de FINJUS es que esta importante obra sirva de material de consulta y estudio de la comunidad jurídica, para crear las nuevas bases para sustentar los cambios que anuncia el nuevo texto constitucional, pero sobre todo, aspiramos a que esta Constitución Comentada se convierta en una herramienta ciudadana útil para conocer los derechos fundamentales y las obligaciones de los poderes y órganos del Estado, y apoyar así el afianzamiento de una cultura constitucional que garantice la libertad individual y la justicia social.

Muchas Gracias.

3 de noviembre de 2011

Presentación Constitución Comentada, por Adriano Miguel Tejada.pdf

Agora Dominicana: 100 Voces diferentes, un compromiso Com�n

2011-10-31

carta invitación Servio Tulio Castaños Guzmán.pdf

100 Líderes dominicanos debatirán sobre la lucha contra la desigualdad social

Respaldan informe de Amnist�a Internacional

2011-10-27

Informe Amnistía Internacional .PDF

FINJUS llama a la SCJ a desistir del conocimiento de Recursos de Inconstitucionalidad sobre los 75 a�os

2011-10-18

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) exhortó a la Suprema Corte de Justicia a desistir del conocimiento de la acción de inconstitucionalidad incoada contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y le sugiere esperar la conformación el Tribunal Constitucional para que sea ese nuevo órgano el que decida sobre la constitucionalidad o no del establecimiento de la edad límite de 75 años para la designación en el Tribunal Constitucional.

La discusión de este tema es sumamente sensible en el momento de la instalación de las nuevas instituciones que ordena la Constitución del 2010. Estamos en medio de la selección de las Altas Cortes y una decisión sobre el tema planteado podría afectar el curso de acción y retardar aún más un proceso que ha surgido con retrasos en el calendario previsto en los artículos transitorios de la Constitución.

FINJUS valora que, además de lo anterior, la discusión de este tema en la Suprema Corte de Justicia acarrea otros inconvenientes que el sentido de la prudencia recomienda no ventilarlo en su seno. Se ha planteado que varios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia que conocerían de este recurso podrían verse afectados por un conflicto de interés que lamentablemente los deslegitimaría para adoptar una decisión jurídica en el caso de la especie, ya que dichos magistrados han llegado o están próximos a cumplir la edad límite para el desempeño de la función judicial, prevista en el inciso 2 del artículo 151 de la Constitución, que es de 75 años.

Es precisamente el tope de edad lo que se cuestiona en la acción de inconstitucionalidad de marras, porque la Constitución no establece expresamente límites de edad para los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la propia Constitución estableció que dichos magistrados cumplan los mismos requisitos que los previstos para los jueces de la Suprema Corte, lo que dio lugar a que en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se fijara la edad de 75 años como un “requisito negativo” para la designación de dicho Tribunal.

Esta solución adoptada por el legislador no deja de ser discutible en el plano jurídico, y por esto entendemos que el Tribunal Constitucional en su momento deberá decidir la conformidad constitucional o no de la edad límite para la designación en el Tribunal Constitucional.

FINJUS recuerda que en esta ocasión se le presenta a la Suprema Corte de Justicia una situación similar a la del 1998, cuando los magistrados decidieron que no les resultaba aplicable el límite de edad previsto en la Ley de Carrera Judicial, por violentar el principio de irretroactividad de las leyes. Sin embargo en la actualidad la Constitución ha reconocido expresamente una edad límite para los jueces supremos y es la aplicación de ese límite en la designación de los jueces del Tribunal Constitucional lo que se discute. De acuerdo a algunos analistas el problema central que subyace a esta discusión es la intención manifiesta que tienen algunos magistrados de la actual Suprema Corte de Justicia de pasar a formar parte del Tribunal Constitucional a su salida de la Suprema por sobrepasar la edad de 75 años. En esas circunstancias, una decisión de inconstitucionalidad sería asimilable a un exceso de poder.

FINJUS, en definitiva, manifiesta su preocupación por la discusión de este tema tan controversial en la actualidad, por parte de la Suprema Corte de Justicia, cuando múltiples analistas han destacado que el máximo órgano de la justicia dominicano tiene acumuladas decenas de acciones de inconstitucionalidad sometidas previamente, sin que haya podido resolverlas.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Carta al Presidente Comisi�n de Presupuesto, C�mara de Diputados

2011-10-18

Licenciado

Lupe Núñez

Presidente de la Comisión de Presupuesto

Cámara de Diputados

Palacio del Congreso Nacional

Ciudad

Honorable Presidente y Miembros de la Comisión:

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) entiende que una de las reformas más importantes de la Constitución del 2010 es la relativa a la elaboración del Presupuesto General del Estado. Con la aprobación del nuevo texto constitucional el país ganó en transparencia e institucionalidad, al disponer, por ejemplo, el envío al Congreso del Proyecto de Presupuesto en un plazo preciso que permitiera que todos los sectores involucrados pudieran expresar sus observaciones y sugerencias para mejorar este instrumento clave del desarrollo nacional.

En virtud de ello deseamos manifestar a la Honorable Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados nuestra preocupación permanente por la disminución de las partidas presupuestarias reservadas al Poder Judicial y el Ministerio Público en violación a la ley 194-04 que regula su autonomía presupuestaria. Y una vez más debemos reiterar que el Proyecto de Ley de presupuesto General del Estado no reserva al sistema judicial las partidas necesarias para su adecuado funcionamiento en violación de la ley señalada y de los cambios que realiza la Constitución.

Debemos recordar asimismo que el próximo año el Sistema de Justicia será impactado por la implementación de la reforma constitucional, de una manera especial, pues ya se habrá consolidado el Consejo del Poder Judicial, órgano de gobierno administrativo y disciplinario en reemplazo de la Suprema Corte de Justicia; se habrá elegido el Tribunal Constitucional, jurisdicción especializada que asume el control concentrado de la constitucionalidad que otrora ostentaba la Suprema Corte de Justicia; se harán efectivos los cambios introducidos en el Ministerio Público al fortalecer las reglas del sistema de carrera y debe consolidarse la autonomía de la Defensa Pública, a fin de que pueda extender su trabajo a todo el territorio nacional y seguir profesionalizado a sus integrantes.

En el caso específico del Poder Judicial, para el 2012, el Poder Judicial requiere de un presupuesto de RD$6,039.95 millones, lo que satisface los nuevos órganos creados, el sostenimiento de la estructura judicial vigente, la puesta en funcionamiento de tribunales creados por ley, la cobertura de los servicios básicos, la adquisición de materiales y suministros para la operación de los tribunales a nivel nacional. Se ha informado que sólo se ha aprobado la suma de RD$ 3,416,050.138. Desde hace cuatro años ese Poder del Estado recibe la misma asignación de RD$3,362,204,138, que está por debajo de sus necesidades reales en más de un 45 por ciento.

Alexander Hamilton, uno de los artífices de la Constitución de los Estados Unidos decía que el dinero es “el principio vital del cuerpo político, y como tal sostiene su vida y movimientos y lo capacita para cumplir sus funciones más esenciales” y, por ello, su adecuada distribución entre los poderes y órganos del Estado constituye uno de los aspectos que determinan la eficacia o no de un sistema de frenos y contrapesos bien concebido. No es posible garantizar el funcionamiento adecuado de los poderes y órganos de control si no se les asignan fondos suficientes en el Presupuesto General del Estado.

En FINJUS consideramos que las instituciones del Sistema de Justicia ejercen funciones de control en sus diferentes dimensiones institucionales y, como tal, sus asignaciones presupuestarias deben estar enmarcadas en las máximas prioridades de la Nación. Es ilusorio hablar de eficientizar la administración de justicia y contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en los términos que ordena la nueva Constitución si no se satisfacen las demandas de recursos que necesitan esas estructuras judiciales para operar adecuadamente.

En virtud de todo lo anterior, apelamos a la alta capacidad de creación de consensos de su Comisión para que, atendiendo todas la voces que han dirigido a Uds., puedan introducir los cambios en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación que satisfagan las necesidades más sentidas de la sociedad dominicana.

Aprovecho la ocasión para manifestarles mis saludos y alta consideraciones.

Muy atentamente

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo

FINJUS se�ala l�mites para aprobaci�n del Presupuesto y solicita a la C�mara de Diputados reconsiderar su decisi�n

2011-10-18

El Presupuesto General del Estado para el 2012 ascenderá a 430 mil millones de pesos, lo que supera en 39 mil 525 millones el presupuesto del año en curso. Pero el Poder Ejecutivo proyectó una distribución de los recursos que afecta sensiblemente la autonomía financiera de los otros poderes del Estado y los órganos de control público, e ignora las prioridades de gasto en derechos sociales que deben realizarse en un Estado social y democrático de derecho como el que estipula el artículo 7 de la Constitución. El Proyecto de Presupuesto realiza también una modificación implícita de la Ley Orgánica de Presupuesto, que permitirá al Presidente de la República distribuir discrecionalmente, por vía administrativa y sin control congresual, las partidas que efectivamente corresponderán a los distintos órganos que dependen del Poder Ejecutivo, lo cual supone una violación al artículo 233 de la Constitución.

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) es necesario tomar en consideración que la Constitución de 2010 incorpora un conjunto de disposiciones que condicionan, tanto en la forma como en el fondo, la elaboración y aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado. Tenemos así que: (1) el Proyecto de Presupuesto debe ser sometido a la consideración del Congreso Nacional a más tardar el primero de octubre (art. 128.2.g), lo que procura garantizar que el Poder Legislativo tenga tiempo suficiente para estudiarlo, y eventualmente modificarlo con las terceras partes de los presentes de cada una de las cámaras (art. 234); (2) el establecimiento de un sistema de leyes orgánicas, cuya aprobación o modificación requieren el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes (art. 112), dificulta que la Ley de Presupuesto pueda modificar leyes de naturaleza orgánica; (3) con el reconocimiento constitucional del bloque de la constitucionalidad (art. 74.3), se incorporan cláusulas que obligan al Estado a invertir recursos en el campo de los derechos sociales; y, (4) la Constitución obliga expresamente a que la ley establezca una partida especial para el derecho a la educación, lo que da cobertura constitucional al 4% del PIB establecido en ley 66-97, monto éste que no puede disminuirse sin afectar la “clausula de progresividad” reconocida en convenciones de derechos humanos que integran el bloque de la constitucionalidad.

El dinero es “el principio vital del cuerpo político, y como tal sostiene su vida y movimientos y lo capacita para cumplir sus funciones más esenciales” (Alexander Hamilton). Por esto, su adecuada distribución entre los poderes y órganos del Estado constituye uno de los aspectos que determinan la eficacia o no de un sistema de frenos y contrapesos bien concebido. No es posible garantizar el funcionamiento adecuado de los poderes y órganos de control si no se les asignan fondos suficientes en el Presupuesto General del Estado. El Poder Judicial, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, a los que se sumarán el próximo año el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Defensor del Pueblo, tienen funciones de control en sus diferentes dimensiones institucionales y, por tanto, las asignaciones presupuestarias especializadas que les correspondan conforme sus leyes de autonomía financiera no pueden ser desconocidas en la elaboración (Poder Ejecutivo) y aprobación (Poder Legislativo) del Presupuesto General del Estado.

El Presupuesto es una ley ordinaria de naturaleza instrumental, en cuanto existe para garantizar los cometidos que la Constitución asigna a los poderes y órganos públicos y la consiguiente efectividad de las funciones del Estado. Que el presupuesto sea una ley, no significa que pueda prestarse para modificar todas las leyes anteriores. El presupuesto no puede desconocer el ordenamiento jurídico precedente que regula las asignaciones de los poderes y órganos de control, no solo porque vacía de contenido el sistema de frenos y contrapesos que la Constitución instaura en beneficio de la ciudadanía, sino porque a partir de la Constitución de 2010 las leyes que especializan fondos para ese tipo de instituciones son leyes de naturaleza orgánica a la luz de su artículo 112, y en cuanto tal, solo pueden ser modificadas con la mayoría agravada de las dos terceras partes de los presentes en las cámaras del Congreso Nacional. Es así que esas leyes que atan fondos a los poderes y órganos constitucionales de control se imponen a la ley ordinaria de presupuesto en razón de ser derecho constitucional concretizado.

El Presupuesto de 2012 también vulnera la priorización de gastos que hace la Constitución en la prestación de los derechos sociales, porque existen múltiples disposiciones del “bloque de constitucionalidad”, consagrado por el artículo 74.3 de la Constitución de 2010, que exigen una inversión social en la medida de los recursos disponibles (art. 26 Convención Americana de Derechos Humanos y art. 2.1 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), lo que condiciona la discrecionalidad política en la distribución del presupuesto público, y abre la posibilidad de que el Presupuesto del Estado pueda atacarse en inconstitucionalidad “cuando se antepongan a los derechos sociales otras prioridades que no puedan justificarse razonablemente” (German Bidart Campos). Esta posibilidad cobra mayor relevancia en la República Dominicana en lo que respecta al derecho a la Educación, porque la Constitución exige en su artículo 63.10 que la ley establezca unos montos mínimos, que actualmente corresponde al 4% del PIB conforme la Ley de Educación (que también es de naturaleza orgánica por regular un derecho fundamental). El Presupuesto General del Estado no puede disminuir las partidas reservadas en materia de educación, porque se incurriría en una infracción constitucional.

FINJUS considera que no se puede aprobar con una mayoría ordinaría el actual Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, porque modifica varias leyes de naturaleza orgánica. Su legitimidad tampoco quedaría totalmente garantizada de aprobarse sin cambios con la mayoría calificada de las dos terceras partes en cada una de las cámaras, porque igualmente se alteraría la autonomía constitucional del Poder Judicial, que saca la peor parte en la repartición de los fondos públicos, y se vaciaría de contenido la previsión constitucional que obliga a garantizar una asignación especial para el derecho a la educación. Es por esto que la Cámara de Diputados debe abocarse a una modificación del Proyecto de Presupuesto que lo haga más cónsono con el Estado social y democrático de derecho a que aspira la Constitución de 2010. Por lo que le solicita a ese hemiciclo que reconsidere su decisión de aprobar el Presupuesto con una mayoría ordinaria y sin modificación alguna.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

18 octubre 2011

Desmontan "argumentos" contra el CPP

2011-10-17

http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=109123

Carta al Diputado V�ctor Bison� Haza, sobre Ley de Armas

2011-10-14

Honorable Diputado:

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) ha expresado en múltiples ocasiones la necesidad de que el Estado emprenda acciones dirigidas a disminuir la gran cantidad de armas de fuego en manos de particulares. Es alarmante la cantidad de pistolas, revólveres y otras armas de fuego que circulan en la sociedad, tal como reseñan los medios de comunicación e investigaciones recientes, que atribuyen este fenómeno al alto nivel de percepción de inseguridad que ha prevalecido últimamente. Por esta razón saludamos la iniciativa de la Cámara de Diputados, impulsada por el Diputado Víctor Bisonó Haza, para la elaboración de una Ley que controle y regule las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Después de una lectura minuciosa del proyecto de ley, consideramos que está a la altura de las expectativas de la sociedad dominicana en la actualidad, porque establece un régimen riguroso para la adquisición de los permisos para la tenencia y el porte de armas de fuego, un mayor control para los importadores y fabricantes, que son puntos esenciales que no cubre adecuadamente el marco regulatorio actual, prácticamente obsoleto frente a la realidad de nuevas modalidades de armas, y el desarrollo de un tráfico de armas que requiere mayores niveles de control administrativo.

Son muy pocas las observaciones puntuales que podemos hacer al referido proyecto. He aquí algunas de ellas. Primero, en el artículo 13, lo establecido en el literal i) consideramos que es un requisito de moralidad individual que es imposible de satisfacerse por vía de una certificación oficial. Lo más saludable sería obviar un requisito de este tipo, que además, es de dudosa conformidad constitucional, a la luz de un derecho como el libre desarrollo de la personalidad.

Lo establecido en la letra l) del mismo artículo debe mejorarse, para exigir a la persona solicitante de un permiso la presentación de una certificación oficial, expedida por la DGII, que acredite que ha cumplido con sus obligaciones fiscales. La experiencia nacional con las declaraciones juradas no ha sido saludable, por lo que exigir una certificación de la fuente oficial parecer ser el mecanismo más idóneo para acreditar que se cumplen efectivamente las obligaciones fiscales.

En el artículo 20.3 debe revisarse el concepto de “…servidores públicos quienes en virtud de su investidura gozan de inmunidad”. El concepto de “inmunidad” se presta a confusión en este aspecto, porque lo que se deriva de la investidura o función con alto riesgo que ejerce un funcionario público determinado, es la necesidad de una protección especial por parte del Estado, lo que puede ser proporcionado mediante diversos mecanismos que podría incluir el uso de armas de fuego. Por ello, en la redacción debe sustituirse “gozan de inmunidad” por “requieren de protección especial”.

Particular atención debe prestarse a la escala de las sanciones penales dispuestas en el Proyecto. Para delitos como el tráfico de armas, la construcción ilegal de pistas para el contrabando de armas y el lavado de dinero provenientes del tráfico de armas, debe considerarse una ampliación de las multas imponibles, pues se trata de infracciones de carácter económico, que, como tal, deben ser atacadas con medidas económicas rigurosas, de manera tal que se inhabilite al infractor de poder disfrutar de recursos económicos que haya podido resguardar antes de la incautación. Y eso solo se logra con multas cuantiosas, junto al decomiso de los bienes productos del fraude que se encuentren disponibles, de manera que si el autor logró desviar fondos antes de ser capturado, el Estado pueda, a través de la multa, despojarlo de esos recursos posteriormente.

Consideramos asimismo que en el artículo 75 deben ser separados los delitos que se refieren a la construcción de armas letales químicas, biológicas o radioactivas. Debe preverse una infracción especial para armas letales, esto es, que puedan afectar simultáneamente una gran cantidad de personas, y éstas deben tener una sanción mucho más rigurosa, si se quiere equiparable a infracciones como el terrorismo y otros crímenes de gran envergadura. Pues no se pueden equiparar este tipo de armas a la construcción de miras telescópicas o miras laser… Quizá pareciera una previsión algo alarmista en un país como el nuestro, pero no podemos obviar que vivimos en un mundo globalizado donde la información fluye descontroladamente.

Consideramos que con un proyecto de ley como el presentado por el Diputado Víctor Bisonó Haza creamos las bases para mejorar el control del flagelo de la violencia armada, con sus graves consecuencias sociales y personales, por lo que alentamos su discusión amplia y posterior aprobación.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo

Declaraciones Servio Tulio Casta�os, Mesa Redonda Transparencia y Gobernabilidad

2011-10-13

http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=109001

Mesa Redonda sobre Transparencia y Gobernabilidad Analiza Aplicaci�n del C�digo Procesal Penal y Propuestas para su Modificaci�n

2011-10-13

Santo Domingo 13 de octubre de 2011. Con la participación de operadores del sistema de justicia, legisladores, abogados y representantes de organizaciones de sociedad civil, fue celebrada la Mesa Redonda sobre Cultura Cívica de Transparencia con el tema “Tras 7 Años de Aplicación…¿Ha Fracasado el Código Procesal Penal?

Al cumplirse siete años de implementación del Código Procesal Penal y en ocasión del debate sobre los factores responsables del aumento de la delincuencia y del deterioro del clima de seguridad ciudadana, que se le atribuyen, el evento tuvo como objetivo contribuir a la reflexión del impacto y trascendencia de su vigencia y conocer información relevante que dieran cuenta de los cambios que amerita, así como los mecanismos más adecuados para asegurar que la propuesta de modificación se ajuste al mandato de la Constitución 2010.

Para el Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, “la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el 2004 significó, para el sistema de justicia penal, un conjunto de cambios institucionales, prácticas y actitudes que continúan siendo materia de discusión y análisis en diferentes ámbitos.

De allí que FINJUS ha promovido que la revisión a la normativa procesal penal se haga sobre la base de una evaluación adecuada del funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal.

En la actividad organizada, en el marco del Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, auspiciado por la USAID, participaron como panelistas el Lic. Félix Olivares, abogado y co-redactor del Código Procesal Penal y el Lic, Eric Raful, abogado especialista en derecho público y el Lic. Cándido Simón, abogado litigante, experto en derecho penal, bajo la moderación del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

http://eldia.com.do/nacionales/2011/10/13/64819/FINJUS-sugiere-Congreso-busque-consenso

Almuerzo Grupo Corripio- Dr. Servio Tulio Casta�os

2011-10-06

RD ser� sede del Foro Iberoamericano de profesores Derecho Administrativo 2012

2011-09-30

SANTO DOMINGO.-La República Dominicana fue escogida como sede del próximo Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que se celebrara en la ciudad de Santo Domingo el año. La decisión fue adoptada en el marco del Decimo Foro que se celebra durante en la ciudad de San Salvador, Republica de El Salvador.

El Foro Iberoamericana de Derecho Administrativo agrupa los principales profesores de derecho administrativo de Iberoamérica, quienes anualmente discuten temas actuales del derecho administrativo. El mismo es presidido por el catedrático español Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

La Asamblea del Foro escogió para la organización del evento a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). Servio Tulio Castaños al comparecer en la Asamblea del Foro en San Salvador agradeció la distinción y señaló que la Finjus está comprometida con el fortalecimiento del Estado de Derecho en República Dominicana, por lo que impulsar el desarrollo del Derecho administrativo constituye una prioridad para garantizar ese fortalecimiento.

“La Republica Dominicana tendrá el privilegio de recibir los más acreditados catedráticos y autores de las principales obras de derecho administrativo de América Latina, España y Portugal, quienes a través de un Congreso Internacional de Derecho Administrativo que se llevará a efecto, nos expondrán cual es la situación actual de esa disciplina del derecho público y como los principios y reglas del Derecho administrativo puede constituirse en un instrumento esencial para la puesta en vigencia de los postulados constitucionales en materia de Administración Publica”, declaro Castaños Guzmán.

SEPTIEMBRE,2011

Carta enviada a la C�mara de Diputados sobre norma DGII

2011-09-30

30 de septiembre de 2011

Señor

Ramón Cabrera

Presidente Comisión Economía, Planificación y Desarrollo

Cámara de Diputados

Ciudad

Distinguido señor Cabrera:

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), comprometida siempre con el desarrollo de la institucionalidad democrática y el respeto del Estado de derecho, ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la adopción de reglamentos, resoluciones u otras normas generales en el ámbito gubernamental que se realizan sin el debido respeto de los principios de publicidad y transparencia o excediendo los márgenes de regulación permitidos por la Constitución y las Leyes de la República Dominicana. En esta ocasión, hacemos un llamado de atención por la forma de adopción y el contenido de la Norma General No. 13-2011 expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en la que designa a las entidades de intermediación financiera (EIFs) como agentes de retención cuando efectúen pagos por concepto de intereses de cualquier naturaleza a las personas jurídicas en general.

En los últimos años, como es de su conocimiento, hemos reclamado insistentemente la aplicación rigurosa de los principios de transparencia y publicidad –previstos ahora en el artículo 138 de la Constitución– en la adopción de reglamentos, resoluciones u otras normas generales por los órganos de la(s) Administración(es) Pública(s). Estos principios se encuentran desarrollados en el artículo 23 de la Ley 200-04, sobre el Libre Acceso a la Información Pública, que dispone que “las entidades o personas que cumplen funciones públicas o que administran recursos del Estado tienen la obligación de publicar a través de medios oficiales o privados de amplia difusión, incluyendo medios o mecanismos electrónicos y con suficiente antelación a la fecha de su expedición, los proyectos de regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de carácter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre los particulares y la administración o que se exigen a las personas para el ejercicio de sus derechos y actividades”.

Esta obligación ha sido desconocida por la Dirección General de Impuestos Internos al adoptar la Norma General No. 13-2011, sin previamente publicar el proyecto de la misma ni someterlo a consulta pública para que todas las personas interesadas expresaran oportunamente sus observaciones en torno a la legalidad u oportunidad de la Norma General que se pretendía adoptar. Esto significa que la adopción de la referida “Norma General” ha sido formalmente irregular.

Debemos reconocer que el artículo 309 del Código Tributario atribuye a la autoridad tributaria la facultad de emitir normas generales (reglamentos o resoluciones) para “establecer que las personas jurídicas actúen como Agentes de Retención, cuando paguen o acrediten en cuenta a otras personas jurídicas, rentas no exentas del gravamen, hasta un límite de retención del uno por ciento (1%) del total del monto pagado o acreditado”. Pero, más adelante, la misma norma legal veda la posibilidad de que esa potestad reglamentaria alcance los dividendos y los intereses percibidos de las instituciones financieras, de los administradores de fondos de pensiones y de las empresas intermediarias del mercado de valores. Es así que la Norma General No. 13-2011 traspasa los límites materiales autorizados por la NORMA LEGAL que le sirve de sustento, porque la ley tributaria excluye expresamente la posibilidad de que la DGII convierta las entidades de intermediación financiera en agentes de retención de los pagos por concepto de dividendos e intereses que realicen a otras personas jurídicas.

Otro elemento que el Congreso Nacional debe ponderar respecto de la Norma General No. 13-2011, adoptada por la DGII, es la eventual afectación del secreto bancario previsto en el artículo 56 literal b de la Ley Monetaria y Financiera. Dicho secreto puede levantarse cuando una NORMA LEGAL autorice a las entidades de intermediación financiera a suministrar información a la autoridad tributaria y a los órganos jurisdiccionales, o en cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la prevención del lavado de activos. Aunque la Norma General ya referida no hace un requerimiento directo sobre los montos depositados por las personas jurídicas en las EIFs, un simple ejercicio matemático podría permitir a la autoridad tributaria conocer dicha información. Una vez más la DGII excede sus potestades al procurarse indirectamente información cuya entrega solo puede ser autorizada en base a una norma expedida por el Congreso Nacional. Esto es sumamente grave porque la entrega de esa información podría acarrear demandas de los usuarios a las entidades de intermediación financiera por violación del artículo 56 literal b de la Ley Monetaria y Financiera.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entiende que la adopción de la Norma General 13-2011 no solo es una violación del ordenamiento jurídico del Estado, sino que representa una inyección directa de riesgo e inestabilidad que afecta la seguridad jurídica de las entidades de intermediación financiera en momentos donde los mercados de todo el mundo todavía se encuentran inmersos en una crisis financiera de proporciones incalculables.

Por todo lo anterior, entendemos que la Cámara de Diputados debe emitir una resolución como órgano de control del Estado, conminando a la Dirección General de Impuestos Internos a derogar la Norma General No. 13-2011 por las irregularidades formales y materiales que afectan su validez jurídica.

Con alta consideración y estima,

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo

FINJUS sugiere Comisi�n Bicameral aborde tema de la seguridad ciudadana

2011-09-21